Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. Seis meses después de alcanzar la vara de mando, podría decirse que el balance de medidas que ha adoptado María José Catalá al frente del Ayuntamiento de València y han tenido una importante repercusión en la ciudad es amplio, además de visible. En poco tiempo se han tomado decisiones dirigidas, principalmente, a tratar de borrar la huella que dejó el gobierno anterior en la ciudad, especialmente en el área de movilidad: la reapertura de la calle Colón al tráfico, el retorno de siete líneas de EMT a la plaza del Ayuntamiento o cambios en el Área de Prioridad Residencial (APR). Todas ellas cuestiones que al ejecutivo de Ribó le costó años poner en marcha y que PP y Vox han tardado apenas un semestre en echar atrás.
Pero más allá de las citadas reversiones, el nuevo gobierno también ha ejecutado otras medidas con las que el Partido Popular se comprometió en campaña electoral: la bajada de impuestos prometida, que supone una rebaja de 70 millones de euros, o las modificaciones en el área de urbanismo con la intención de agilizar la obtención de licencias de obras y actividades en la ciudad, tanto con la modificación de la Lotup en Les Corts -trabajada de la mano de la corporación local- como la activación de las entidades externas colaboradoras, conocidas como ECUV.
Las medidas evidencian que estos serán los dos principales campos de batalla durante el mandato actual: movilidad y urbanismo, además de La Marina y el Nou Mestalla. Pero a pesar de la agilidad de los primeros meses, lo cierto es que no todo está hecho y que en estas dos áreas al ejecutivo le queda mucho pendiente de resolver. "Lo que no hagamos en 2024, ya no saldrá adelante este mandato; no podrá ejecutarse", resumía un miembro del equipo municipal hace unos días en relación a los ritmos burocráticos que tiene la administración. Estos son algunos de los retos que tiene Catalá sobre la mesa.
La alcaldesa de València no tiene idea de continuar con el proyecto de reforma de la Plaza del Ayuntamiento 'Renatura', ganador del concurso convocado por el anterior ejecutivo local conformado por PSPV y Compromís. Lo ha reconocido en varias ocasiones y la última vez, de hecho, anunció que estaba sentando las bases para realizar un diseño totalmente diferente al actual: "Reconocemos el trabajo del equipo redactor, que es un trabajo excelente, y agradecemos al anterior equipo de gobierno que nos haya sentado las bases para poder hacer un proyecto mejor. Pero siempre he dicho e insisto en que nuestro proyecto de la plaza del Ayuntamiento es distinto y estamos ya sentando las bases para ese proyecto distinto".
La primera edil tiene previsto desvelar los planes que tiene su equipo para la plaza más emblemática de la ciudad el próximo mes de enero. A priori solo se sabe que el "diseño propio" que buscan los populares pasa por una plaza "más señorial" y sin la arbolada que, en base a los renders presentados por el equipo de arquitectos ganador, taparían los edificios más emblemáticos del citado emplazamiento. Eso sí, por el momento, el equipo ganador del concurso no ha tenido ningún contacto oficial con Alcaldía ni Urbanismo en el que les hayan trasladado que su proyecto ha quedado descartado.
El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional hace unas semanas toda la normativa del Consell en la que se recogían las sucesivas prórrogas para que los municipios de la Comunitat hicieran efectivas las expropiaciones rogadas pendientes, con el consiguiente desembolso de dinero que esto puede suponer para las corporaciones locales.
La noticia sentó como un jarro de agua fría en el Cap i Casal, cuyos servicios de urbanismo recaban ya datos para realizar una primera estimación económica de lo que puede suponer esto para las arcas municipales en 2024, cuando deberán abonar las primeras expropiaciones con sus correspondientes indemnizaciones. Sin duda, una circunstancia que lastrará el primer presupuesto de Catalá al frente del consistorio.
Vivienda es una de las áreas que tendrá más protagonismo a lo largo del mandato. La falta de vivienda de obra nueva en València es uno de los principales factores que está propiciando la subida generalizada de precios en la mayoría de distritos en la ciudad y expulsando a muchas familias de la posibilidad de acceder a un inmueble. El principal motivo de la parálisis en la construcción de nuevas promociones se debe a la subida de costes y la falta de suelo en la ciudad, lo que ha llevado a muchas compañías a estar en una posición de espera.
La Administración cuenta con solares parados y sin desarrollar que podrían ejecutarse junto al sector privado. De hecho, precisamente esa movilización de suelo es uno de los ejes prioritarios para el nuevo equipo de gobierno municipal. Cabe recordar que Catalá se comprometió en campaña a construir 1.032 viviendas de protección oficial en las parcelas municipales de ocho barrios de la ciudad recurriendo a la colaboración público-privada.
Ahora bien, más allá de la falta de suelo y subida de costes, también existe otro factor que está ejerciendo un importante efecto en la oferta: la proliferación de apartamentos turísticos. También durante la campaña, la entonces candidata se comprometió a perseguir los apartamentos turísticos ilegales. Desde entonces tan solo se ha anunciado un refuerzo de la inspección por parte de los servicios municipales, pero el consistorio sigue sin dar luz verde a la ordenanza que quedó en el limbo en su día para regular la implantación de viviendas de uso turístico.
La implantación de la ZBE viene determinada en la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. La norma establece tanto las medidas a poner en marcha como los plazos concretos para que las administraciones públicas promuevan la mejora de la calidad del aire mediante la reducción de las emisiones a la atmósfera. En particular, en los municipios de más de 50.000 habitantes, que debían de haberlas puesto en funcionamiento hace ya un año, en enero de 2023. Algo que en Valencia no ha ocurrido, a pesar de ser una de las ciudades afectadas.
Desde el Ayuntamiento ya anunciaron que pondrían en marcha una ZBE 'light', dado que los informes que manejaban no demostraban que los niveles de contaminación de la capital del Turia fueran preocupantes ni llegaran al mínimo de lo marcado por Europa. También, hace apenas tres semanas, el concejal de movilidad Jesús Carbonell adelantó que la primera ZBE sería la zona APR de Ciutat Vella y, por lo pronto, ya ha comenzado la instalación y gestión de 274 cámaras que estarán repartidas por toda la ciudad, que se encargarán de los controles oportunos. Sin embargo, se desconoce el desarrollo que tendrá la ordenanza, cuándo entrará en vigor, si comprenderá más áreas además de la mencionada o a qué vehículos afectará. Incógnitas que deberán resolverse el próximo año, más aún con el Defensor del Pueblo investigando al consistorio por haber dado marcha atrás con su implementación.
Hace apenas un mes, el Ayuntamiento de València ya tomó una decisión sobre qué hacer con el APR, la zona de acceso restringido para residentes de Ciutat Vella. El gobierno anterior instaló unas cámaras en los accesos para controlar que los vehículos que circulasen por la zona fueran realmente autorizados (vecinos), cámaras que el PP avanzó que apagaría si gobernaba pero que no ha acabado ocurriendo. Por lo pronto, la decisión del ejecutivo local pasa simplemente por reducir las restricciones y permitir el acceso no solo a vecinos, sino también a comerciantes y falleros. Los segundos habían reclamado poder hacerlo para, al menos, poder ejecutar las labores de carga y descarga, mientras las comisiones falleras habían protestado por la pérdida de censo desde 2021. Ahora pasarán a tener de 2 a 4 autorizaciones permanentes y se les autorizan 10 accesos puntuales adicionales al mes, excepto en Fallas, que podrán tener más aún.
Pero en esta todavía le quedan decisiones por adoptar, como cuántos aparcamientos públicos genera. Ahora mismo, el proyecto se encuentra en fase de redacción y una vez terminado la concejalía decidirá el porcentaje de plazas que destinará a rotación y cuántas quedan para los vecinos. En este sentido, el Ayuntamiento también estudia qué solución darle a la falta de plazas de aparcamiento en el resto de la ciudad. En una entrevista reciente, Carbonell admitió que era "importante" generar plazas de parking teniendo en cuenta que en los últimos años se han eliminado en torno a 8.000. "Es prioritario para nosotros y si puede ser en los accesos mejor", exponía el edil, por lo que la idea de los parkings disuasorios está sobre la mesa.
Asimismo, también analizan qué hacer con las zonas naranjas y verdes, presentes en barrios como Ruzafa o el Carmen. En la verde solo pueden estacionar los residentes, mientras la naranja es preferiblemente para vecinos, si bien cuesta el doble que la azul. Los mercados, además, han reclamado eliminar la zona ORA. Y lo cierto es que pesar de que el pasado 31 de octubre el consistorio devolvió el horario gratuito a la hora de comer y de 19:00 a 20:00, el consistorio no la ha eliminado como anunció en campaña.
Desde el equipo de gobierno han advertido en varias ocasiones que algunos carriles bici de la ciudad "deben revisarse". Por lo pronto, no mencionan la palabra "revertir", pero algunos de ellos están desde el primer momento en el foco de la concejalía de Movilidad, como el carril bici de Gran Vía-Fernando el Católico. También han mencionado en alguna ocasión del de Reino de Valencia.
El primero, por la peligrosidad que puede conllevar circular por una avenida con gran cantidad de tráfico sin ningún tipo de elemento de separación; el segundo, por, en palabras del concejal del ramo, Carbonell, los atascos que generan. El objetivo, por tanto, pasa por encontrar los puntos negros de la ciudad, reforzar las señales en favor del peatón -en palabras del propio concejal- y a partir de los informes técnicos, actuar sobre ellos.
El equipo municipal está convencido de que la llegada de los patinetes eléctricos ha desbordado a muchas ciudades, que improvisan qué restricciones imponer para controlar o tratar de poner freno de alguna manera a los siniestros que se acumulan a diario. En València, de hecho, desde agosto los accidentes en carriles bici por patinetes ha aumentado casi un 20%. La Dirección General de Tráfico (DGT) anuncia diferentes recomendaciones de buen uso de este método de desplazamiento, pero sigue sin exigir a los usuarios que cuenten con seguro ni matriculen sus patinetes.
Ahora bien, con las cifras de siniestros en la mano, Movilidad sí que se plantea introducir en la ordenanza municipal la obligatoriedad de llevar casco y chaleco reflectante a todo aquel que los utilice para desplazarse por la ciudad, entre otras novedades. Habrá que ver en qué queda el redactado final de esta normativa. En medio de todo esto, cabe recordar que recientemente el consejo de administración de Renfe decidió prohibir el acceso con patinetes eléctricos a todos los trenes viajeros, tanto de Cercanías y Regionales como de Alta Velocidad y Larga Distancia (AVE, Avlo, Alvia, Avant, Euromed e Intercity). Una medida que habrá que ver si acaba reduciendo la circulación de este tipo de vehículos por València, ya que muchos vecinos del área metropolitana los utilizaban para moverse de forma ágil por la ciudad para llegar al trabajo.
