VALÈNCIA. La localidad de Marines (Camp de Túria) se encuentra a unos 10 kilómetros de su casco antiguo, conocido como Marines Viejo. Aunque ambos núcleos dependen del mismo ayuntamiento y comparten término municipal, sus diferencias rompen la armonía y acentúan la distancia que los separa. En los últimos meses, la tensión entre los habitantes de la zona histórica y la administración local ha ido en aumento, acercándose a un punto de no retorno en el que ceder no es una opción.
En noviembre, Marines Viejo amanecía repleto de pancartas y con más de 100 carteles reivindicativos en los balcones y espacios públicos. A través de mensajes como "Abandonados por nuestro ayuntamiento" y "Marines Viejo existe y resiste", comenzaban una movilización que todavía continúa siete meses después. A este acto, se suma una reciente manifestación pacífica y una larga campaña de difusión de sus intereses.
Para entender el porqué de esta situación hay que echar la vista atrás, muy atrás. La riada de 1957 propició el desprendimiento de masas montañosas, provocando un corrimiento de tierras que acabó con la vida de seis personas en Marines, ubicado originalmente en plena Sierra Calderona. Debido a la peligrosidad del territorio, en 1967 —una década después del incidente— los vecinos y vecinas se vieron obligados a trasladarse a una nueva localización cercana a Llíria y Olocau para comenzar allí una nueva vida.
De esta manera, el área quedó desalojada, pero no por mucho tiempo. Mientras la mayoría de la ciudadanía iniciaba un proyecto de futuro en otra localización, las casas del núcleo antiguo se vendieron a nuevos habitantes. Estos se encargaron de revitalizar la zona y adoptar las medidas de seguridad oportunas, por lo que en 1982 consiguieron dar de alta el casco urbano. A partir de ese momento, el pueblo quedaba oficialmente dividido en dos.
Actualmente, 1.500 personas viven en Marines, mientras que 100 habitan en la población original, incluidos 10 menores y un bebé en camino. Según denuncia la Asociación Vecinal de Marines Viejo, presidida por Elisabet Fernández, el municipio presenta un estado grave de abandono y acusan directamente al Consistorio de no invertir en cuestiones básicas que garanticen una buena calidad de vida.
Entre sus peticiones, exigen servicios básicos regulares de limpieza y mantenimiento, la reparación de las calles, la conservación del patrimonio histórico, la instalación de aparcamientos públicos, la adecuación del parque infantil para respetar las normas de seguridad, la intervención en las viviendas en estado de ruina y una transparencia y diálogo fluido por parte del equipo de gobierno.
"Nos sentimos ciudadanos de segunda, no dejamos de ser un núcleo urbano y el Ayuntamiento no ofrece los servicios que debería. Nos dicen que los presupuestos son limitados, pero pensamos que debería haber un plan de financiación para este pueblo. No pedimos ni más ni menos que otros ciudadanos, solo los mismos derechos y los mismos servicios", explicaban a Valencia Plaza desde el colectivo.
"Hay gente mayor que se ha ido porque no viene el médico ningún día", añadían. Un panorama muy diferente al existente en Marines, donde sí cuentan con un colegio, una escoleta y un centro de salud, de manera que muchos vecinos deben desplazarse hasta allí o acudir a otros pueblos más cercanos, como Gátova, para acceder a estos servicios.
Ante la magnitud del conflicto, la alcaldesa del municipio, Lola Celda, afirma sentirse "muy triste" e insiste en mantener la puerta abierta al diálogo. "No es un tema de no querer, es un tema de no poder porque no tenemos los recursos necesario para hacerlo, estamos muy limitados. Tenemos un término de 35 km2 con muchos caminos en una zona forestal y es imposible llevar todo a la vez", explica a este diario.
Añade: "No tienen ni menos limpieza ni más limpieza de la que tenemos en el casco urbano principal". Puntualiza que cada vecino colabora con la limpieza de su puerta, el aseo de las viviendas y la retirada de malas hierbas y puntualmente se envía a una empresa externa a hacer una limpieza general. Por otro lado, afirma que dos policías locales se desplazan por todo el término, mientras que en el área de educación o sanidad las competencias son de Conselleria.
Asimismo, señala que en los últimos 20 años se han destinado 3,5 millones de euros a actuaciones en Marines Viejo que se han realizado de manera progresiva. Por ejemplo, destaca la eliminación del vertedero, la construcción de la depuradora, la gestión del agua potable o la renovación del cementerio.
Para Celda, esta movilización tiene un trasfondo distinto: "Nos han denunciado seis veces al Síndic de Greuges. Hay unas cuantas personas que lo que intentan es hacer mucho ruido y han generado una crispación que tiene su origen en un tema personal. Todo esto para nada corresponde a la realidad".
"Distingamos a las personas de los pueblos que están en en riesgo de despoblación, que han vivido ahí toda la vida y son gente muy mayor, a gente que decide irse a vivir a sitios con unas determinadas condiciones. Ojalá pudiéramos estar en disposición de prestar mejores condiciones, tal vez lo podríamos hacer si incrementamos nuestros impuestos, pero cuando una persona tiene la libertad para vivir donde quiera, tiene que asegurarse de qué servicios se pueden prestar ahí", añade.
Así pues, la brecha entre el gobierno local y la ciudadanía es cada vez más grande. Pese a que hace décadas un pequeño grupo pudo salvar al pueblo del olvido, el abandono acecha de nuevo sus calles. Esta vez ya no por el peligro de una catástrofe, ni por la voluntad de dejar morir el que fue el corazón de Marines en el pasado, sino porque esta localidad es un reflejo de un problema a gran escala. La despoblación amenaza los entornos rurales y acabará con ellos poco a poco si no se impulsan las ayudas necesarias. Marines pudo sobrevivir en su día, pero para otros no habrá una segunda oportunidad.