Foto: EP/ARCHIVOVALÈNCIA (EP). Más de 106.000 habitantes de la Comunitat Valenciana --en concreto 106.745-- no contaban a finales de 2020 con un punto tradicional de acceso a efectivo en su municipio, según datos recabados por el Banco de España.
En toda España, son casi 1,2 millones de personas las que estaban en esta situación, aunque, en término agregados, existe en el país un elevado porcentaje de población que dispone de un punto de efectivo a una distancia "relativamente baja", en concreto, de cinco kilómetros.
Así se recoge en su artículo 'Infraestructura del efectivo y vulnerabilidad en el acceso al efectivo en España', publicado este miércoles y elaborado por Diana Posada, economista del organismo supervisor.
En cuanto a la Comunitat Valenciana, los datos consultados por Europa Press apuntan que la provincia de Valencia es la que más población presenta sin puntos de acceso al efectivo, con 66.181, o lo que es lo mismo, el 2,6% de la población; seguida de la de Castellón (25.366 y un 4,3%) y Alicante (15.198 y un 0,8%).
Las comarcas castellonenses encabezan en términos relativos los municipios que no cuentan con este servicio --un total de 82 frente a los 53 que sí--, mientras que en Valencia hay 99 poblaciones con esa carencia y en Alicante, 37. Asimismo, estos puntos de acceso son 3.589 en la demarcación de Valencia, con un grado de concentración del 0,54; 811 en Castellón (0,72) y 2.989 en Alicante (0,46).
En todo caso, es Castilla y León la comunidad autónoma con una cobertura menos amplia, con Zamora (27,8% de la población sin acceso sobre el total), Ávila (21%), Segovia (19,9%) y Palencia (18,2%) como las provincias que presentan menores ratios de población con un punto tradicional de acceso al efectivo en un radio de cinco kilómetros.
El supervisor explica esta situación por la menor densidad de población, así como por otros factores, entre ellos, la orografía del territorio, que ha hecho que, históricamente, la cobertura de la red de oficinas y de cajeros automáticos en estas zonas del país haya sido menor y se hayan utilizado soluciones alternativas, como agentes financieros u oficinas móviles.
A esto, el Banco de España suma el proceso de consolidación bancaria de los últimos años, que "ha intensificado una situación cuyo punto de partida ya era menos favorable".
Otra alternativa que señala Banco de España es el uso que están realizando algunas entidades financieras de la red de oficinas de Correos como medio alternativo para disponer de efectivo.
En su artículo, destaca que, en países como Irlanda, Reino Unido o Australia, el uso de las oficinas postales con este fin está muy extendido en zonas rurales, mientras que en España "es todavía poco habitual".
En caso de se generalizarse su uso para este fin, el Banco de España considera que las oficinas de Correos podrían ser puntos de acceso complementarios a las sucursales y a los cajeros automáticos.
El artículo analiza, asimismo, la distribución de la red de oficinas de Correos, localizadas principalmente en núcleos urbanos con más de 10.000 habitantes. Si se tienen en cuenta los establecimientos de Correos, las oficinas bancarias y los cajeros automáticos, el 99% de los españoles tendría un potencial punto de acceso al efectivo en un radio de cinco kilómetros.
El Banco de España también recoge la implementación de otros medios alternativos, como el 'cashback' y el 'cash-in-shop' (retirada o depósito de efectivo en un establecimiento comercial) cuya implementación en España es reciente, pero que está ganando mayor relevancia en núcleos urbanos, o el uso de la red de estancos y los establecimientos de loterías y apuestas del Estado.
Una de las conclusiones es que el supervisor prevé la reducción del número de oficinas y de cajeros automáticos, motivado por la digitalización y la búsqueda de mayor eficiencia por parte de las entidades bancarias.
Por ello, considera que el impulso de este tipo de soluciones alternativas "puede ser un importante complemento que permita garantizar el acceso al efectivo al conjunto de la población", si bien destaca que, por sus limitaciones actuales, no pueden sustituir completamente los servicios que prestan los canales tradicionales de acceso al efectivo.
Por otro lado, el supervisor ha observado que la vulnerabilidad en el acceso tradicional al efectivo en España es "relativamente baja" en gran parte del territorio, si bien ha detectado que hay aproximadamente 1,3 millones de personas en una situación "vulnerable".
Se trata de una cifra obtenida a través del Índice de Vulnerabilidad en el Acceso al Efectivo (IVAE), que tiene en cuenta indicadores tanto de oferta como de demanda de efectivo. En concreto, se han tenido en cuenta cuatro factores: el número de puntos tradicionales de acceso al efectivo por cada 1.000 habitantes para cada municipio; la distancia a ellos; la renta disponible media por persona; y la proporción de personas mayores de 60 años en cada localidad.
El Banco de España señala que, según el grado de vulnerabilidad, la mayor parte de la población española vive en localidades con un nivel "bajo o muy bajo de vulnerabilidad". No obstante, aproximadamente un 3% de los ciudadanos se encontrarían en una situación de vulnerabilidad media o alta en términos de acceso al efectivo.
Además, cerca de 340.000 personas residirían en municipios con una vulnerabilidad alta, lo que supone un 0,7% de la población española. Se trata, en general, de localidades pequeñas, con una población media de 400 habitantes, con personas mayores de 60 años que superan el 40% del total, con una distancia media de 9,4 kilómetros a un punto de acceso al efectivo, y una renta disponible por debajo de la media nacional.
Las provincias de León, Salamanca y Zamora concentrarían la mayor parte de la población en municipios considerados de muy alta vulnerabilidad en el acceso al efectivo. En tierras valencianas, el porcentaje de vulnerabilidad muy alta es del 1,6 en Castellón, 0,2 en Valencia y 0,1 en Alicante.
Sobre la infraestructura, Banco de España recoge que a finales de 2020, el número de oficinas bancarias y de cajeros automáticos de todo tipo en España se situaba en 22.299 y en 49.481, respectivamente, lo que supone 1,5 puntos de acceso al efectivo por cada 1.000 habitantes del territorio español. En la Comunitat, la ratio es de 1,6 en Alicante y 1,4 en las otras dos provincias.
La infraestructura bancaria se compone, mayoritariamente, de sucursales y de cajeros automáticos situados en las sucursales; y, en menor medida, de cajeros automáticos desplazados, que representan un 8,5% del total. Su cobertura se extiende en áreas tanto urbanas como rurales, situándose el 78% de las oficinas y de los cajeros en localidades con más de 10.000 habitantes.
El análisis del supervisor recoge que los cajeros pertenecientes a operadores independientes se concentran generalmente en grandes núcleos urbanos de la vertiente mediterránea, en el sur y el centro peninsular.
