VALÈNCIA. La gestión de la crisis sanitaria por parte del Gobierno ha sido mala o muy mala para el 58% de los economistas valencianos, mientras que un 19% la consideran regular y un apenas un 16,4% la valora como buena o muy buena.
Así se desprende de una encuesta realizada por el Colegio Oficial de Economistas de Valencia (COEV) en la que también es muy negativa la valoración de la crisis económica, ya que un 57,1% de economistas que la consideran mala o muy mala; un 19,2% que la califica como regular y un 17,1% que entiende que ha sido buena o muy buena.
El plan del Gobierno para recuperar la actividad económica y social, conocido como plan de desescalada, también merece el suspenso del casi la mitad de los encuestados, un 48,5%, que lo evalúan negativamente; un 27,6% afirma que es regular y un 17,4% señala que es bueno o muy bueno.
El COEV ha presentado este miércoles el informe que ha realizado sobre las repercusiones del COVID-19 en la economía, resultado del trabajo de un grupo de expertos creado el pasado 23 de abril.
En la presentación han participado el decano del COEV, Juan José Enríquez; el coordinador del informe, José Ortega, y el economista Enric Montesa, que ha participado en el trabajo con las comisiones.
El estudio está dividido en tres grandes apartados: un preámbulo titulado La economía con el COVID-19, los resultados de una encuesta realizada entre los colegiados durante los días 5 a 15 de mayo de 2020 para valorar el impacto económico de la pandemia y el estado de alarma y una última parte compuesta por las aportaciones de nueve comisiones de trabajo del COEV en torno a esta cuestión.
El preámbulo se inicia recogiendo una media de las principales previsiones de los institutos, fundaciones y servicios de estudio de entidades financieras y de algunas organizaciones internacionales, como el FMI o la UE.
A juicio de los expertos del COEV, los problemas más importantes con los que nos encontramos con un “shock de producción con roturas de stock que ha inducido el cierre de empresas y el incremento del desempleo, un shock de demanda con reducción de ingresos y más desempleo, falta de liquidez e incremento notable de la morosidad”.
Respecto a la Comunitat Valenciana, se entiende que la mayor exposición al sector servicios “va a provocar que la reducción del PIB y el incremento del paro sean algo superiores a la media nacional”, alcanzando una reducción de la afiliación de hasta un 6% mensual mientras dure el confinamiento.
El grupo de expertos del COEV destaca que las dos principales medidas del Gobierno – las líneas de avales del ICO y los ERTE– “son necesarias, aunque insuficientes, para evitar el colapso y el cierre de miles de empresas y el consiguiente incremento del desempleo”. También se aboga por “una mayor agilidad en la aprobación de las medidas contra la crisis y un mayor diálogo con las empresas y autónomos”, quienes mejor conocen la problemática actual y las posibles soluciones.
En la primera pregunta de la encuesta, se solicitaba a los economistas que seleccionaran de una lista de nueve impactos, cuales eran a su juicio los más importantes. Las cinco respuestas más destacadas son el incremento del paro (62,6%), la disminución de la demanda o caída de las ventas (60,8%), la falta de liquidez de las empresas y los autónomos (60,0%) y el posible cierre de empresas (59,8%)
La siguiente cuestión principal era determinar cuáles van a ser los sectores más afectados por esta crisis. El turismo vacacional nacional e internacional (93,5), el alojamiento y la restauración (86,4), el turismo de ferias y congresos (56,2), el transporte aéreo (51,2) y el transporte de pasajeros (45,7) son los que obtienen un mayor número de respuestas, dejando claro que este sector, tan importante para España y la Comunitat Valenciana, va a asumir grandes pérdidas. Por el contrario, los sectores relacionados con el sector agroalimentario y la distribución de productos de alimentación no han sido afectados negativamente durante la crisis y ocupan los últimos lugares en este listado.
Esta parte de la encuesta, dedicada a valorar el impacto económico de la Covid-19, concluye señalando que “para el 90,5% de los economistas que han participado, la crisis del COVID va a tener un impacto importante sobre el PIB español”. Matizando, para el 55,7% el impacto se mantendrá dentro del intervalo del 5 al 15%, en consonancia con los servicios de estudios y las organizaciones internacionales. Para un 30,9% se situará en un descenso de entre el 16 y el 25% y sólo un 3,9% considera que puede ser superior al 25%.
En cuanto al empleo, el 89,6% de los economistas que han participado en la encuesta entienden que la evolución del paro en 2020 será muy negativa. Un 36,1% considera que el desempleo se situará entre el 16 y el 20%. Para un 40,7% el desempleo se situará entre el 21 y 25%. Mientras que para el 12,8% el desempleo superará el 25%.
La segunda parte de la encuesta está dedicada a valorar las medidas adoptadas por las distintas administraciones. En términos generales, se entiende que todas las medidas son importantes o muy importantes pero su eficacia ha sido regular y han adolecido de poca agilidad en su implementación.
Dividido por apartados, las medidas laborales son las mejor juzgadas en cuanto a eficacia obtenida y agilidad de las administraciones en su implementación, en especial los ERTEs por fuerza mayor. También es considerado muy importante el fondo de 100.000 millones avalados por la UE para paliar el paro aunque su eficacia y agilidad es más discutida.
Entre las medidas financieras, destaca la escasa valoración de la línea de avales de 100.000 millones de euros del ICO, muy por debajo en la consideración de su eficacia y agilidad de los préstamos del BCE a empresas o la línea del Banco Europeo de Inversiones para créditos a pymes de la UE.
En lo que se refiere a las medidas fiscales, el aplazamiento en el pago de impuestos de empresas y autónomos hasta 30.000 euros, no es considerada ni singularmente importante ni eficaz, aunque se reconoce una mejor evaluación en términos de agilidad.
En el apartado de recomendaciones, se proponen medidas a adoptar por las administraciones como son mejorar la eficacia de la administración pública – con menos burocracia y más agilidad en los trámites – acelerar la desescalada y recuperar sectores estratégicos como el turismo o la hostelería, reducir los gastos públicos innecesarios, agilizar los pagos públicos a los proveedores y crear un sector de material sanitario.