Mompó exige que la Diputació ayude a los pueblos con la factura de la luz en los presupuestos de 2023

VALÈNCIA. El portavoz del Partido Popular en la Diputació de València, Vicente Mompó, ha anunciado que su grupo exigirá en el próximo pleno, que se celebrará el martes, incluir en los presupuestos de la institución provincial para 2023 una partida para ayudar a los ayuntamientos de los municipios de la provincia de Valencia con la factura de la luz. 

Para el Grupo Popular la diputación debe comprometerse a dotar, en el presupuesto inicial de 2023, con 80 millones de euros al Fondo de Cooperación para ayudar a cubrir parte del aumento de gasto energético en clave local. "La subida de la luz ya está duplicando el presupuesto energético anual de los ayuntamientos. En municipio de menos de 5.000 habitantes pueden llegar incluso a triplicar este gasto", ha alertado Mompó, quien ha insistido en la necesidad de "actuar frente a esta realidad".

"Tenemos como ejemplo el propio Ayuntamiento de Valencia que ha anunciado que para el próximo presupuesto pasarán de destinar 16 millones de euros a 30 millones. Para un municipio de 15.000 habitantes se prevé pasar de presupuestar 550.000 a 1.300.000 euros", ha explicado el popular.

"La Diputació tiene que ser consciente del grave problema al que se enfrentan los consistorios, pues en algunos casos hasta un 10% del presupuesto, lo van a tener que destinar a pagar la factura de la luz", ha manifestado el portavoz popular, quien ha aseverado que "esta situación está obligando a las alcaldías, a tirar de remanente municipal para hacer frente a las facturas o a modificar presupuestos y dejar de ejecutar otras actuaciones previstas que son necesarias para los municipios".  

Para concluir, Mompó ha explicado que la propuesta que el Partido Popular llevará al pleno contempla que la institución lidere la contratación de auditorías energéticas y planes de actuación para los municipios de la provincia que todavía no tengan y que destine las próximas convocatorias del plan Reacciona a la ejecución de las acciones previstas en los planes de actuación energética municipal, sin mediar concurrencia competitiva para garantizar su llegada a todos los ayuntamientos.