VALÈNCIA (EFE). El director General de la Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), Mauricio García de Quevedo, ha dicho este jueves que las empresas del sector necesitan ayuda "urgentemente" ante la falta de materias primas y el encarecimiento de la energía que sufren por la guerra en Ucrania.
García de Quevedo ha considerado que se han de tomar medidas de una forma "ágil y eficiente" para "adaptarse a la situación, como han hecho otros países", y ha dicho que las dos semanas que restan hasta que el próximo 29 de marzo el Gobierno presente su plan nacional de respuesta a la guerra "son muchas semanas", dada la crisis actual.
Ha indicado que se necesitan soluciones para que las empresas puedan abastecerse de las materias primas que llegaban de Ucrania y cuyo suministro ha quedado cortado, como los cereales y el aceite de girasol, permitiendo que el Gobierno facilite y flexibilice las condiciones de acceso a mercados alternativos para conseguirlas.
También ha solicitado una flexibilización en el etiquetado de los productos y un paquete de ayudas ante los costes energéticos, "que se han disparado" por la guerra, y modificar la Política Agraria Común (PAC) para poder implementar más terreno para los cultivos cuyo producto ahora falta.
El máximo representante de la FIAB hizo un llamamiento al Gobierno a "desestimar toda iniciativa legislativa no estratégica que suponga un incremento de costes o de dificultad para las empresas en este contexto".
En ese sentido, ha enfatizado que "se deben posponer el real decreto de envases y la ley de residuos".
Sobre estas dos iniciativas, García de Quevedo ha dicho que la FIAB está preocupada y que si bien "comparte sus objetivos" pero considera "un problema llevarlas a cabo de una manera eficaz".
"Los reguladores no tienen que romper la unidad de mercado con medidas dispares e inaplicables que pongan en peligro a un sector que ha dirigido sus inversiones en este campo según la normativa comunitaria y que ahora se encuentran con una directiva que va más allá y complejiza el proceso", ha expresado.
Según sus datos, el impacto de estas iniciativas legislativas puede hacer que 2.400 compañías cierren y que se pierdan 16.500 empleos.
