CASTELLÓ. Un empresario castellonense ha logrado evitar el pago de 235.000 euros como avalista de la inmobiliaria de su propiedad. El caso se remonta a 2003, cuando el empresario montó una sociedad inmobiliaria que llegó a tener una gran facturación. Pero el estallido de la burbuja arrasó con la mayoría de sociedades del sector y la suya no fue una excepción. Con ello, no tardó en comenzar el proceso de liquidación y cierre de la empresa a través de un concurso de acreedores, ha informado la Asociación de Ayuda al Endeudamiento.
Tras ello, comenzaron las consecuencias a título personal. Las deudas de la sociedad avaladas por el empresario eran obligación suya y los acreedores se las reclamaron. En 2019, contactó con los abogados de la Asociación de Ayuda al Endeudamiento para valorar si era posible solicitar una quita o la exoneración total de la deuda con la Ley de la Segunda Oportunidad.
Tras conseguir liquidar la sociedad, eran las deudas a título personal las que lastraban económicamente al empresario. Por ello, la Asociación también le aconsejó, junto a su mujer, declararse insolvente y acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad. Con este procedimiento, el beneficiado se aseguraba uno de los dos posibles fines: conseguir una rebaja en la deuda total con unos pagos asumibles o el perdón total de la deuda. El interesado accedió.
La primera actuación que marca esta ley es plantear una propuesta de acuerdo a los acreedores de cara a que los deudores abonen una cantidad mensual asumible con sus ingresos, destacan desde la entidad. Esto se llevó a cabo en el Registro Mercantil, pero quedó en nada tras el rechazo de la mayoría de bancos.
“El intento de pagar parte de esa deuda otorga la condición de buena fe al deudor y, por tanto, permite solicitar el perdón del 100% de las deudas al final del proceso”, señala Andrea Olcina, abogada de la Asociación. Con esta argumentación, los letrados solicitaron el perdón de toda la cantidad pendiente en los tribunales de Castellón. Esto fue concedido por el Juzgado de Primera Instancia Nº 8, incluyendo en la sentencia las deudas contraídas frente al Ayuntamiento de Castellón a pesar de ser de derecho público.
Los requisitos en términos generales son la insolvencia del deudor y que este sea considerado un deudor de buena fe. Concretamente, el juez y la administración concursal deben confirmar este último extremo atendiendo a algunos datos objetivos. Estos son que la cuantía total de la deuda no supere los 5 millones de euros, que el deudor no tenga antecedentes penales económicos y haya intentado un acuerdo extrajudicial con sus acreedores, señalan desde la asociación.
Una vez comprobados, el juez ha dictado sentencia concediendo el BEPI (Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho) y cancelando los 235.942,38 euros. Como consecuencia, quedan sin posibilidad de reclamarle nada ninguno de sus acreedores -entre otros Caja Rural, Axactor, Frontera Capital o el Ayuntamiento de Castelló- ni incluirlos en ficheros de morosidad.
Con ello, la asociación informa de que ya son 70 las exoneraciones que ha logrado en lo que llevamos de 2022 y cita, como ejemplo, otras sentencias conseguidas el pasado 8 de marzo en Albacete, que cancela deudas de Derecho Público, o la lograda en València el pasado 8 de febrero, que permite conservar la vivienda de los concursados también.
