La política de vivienda del gobierno más social

Aunque Sánchez y el partido socialista llevan ya casi cinco años, desde la exitosa moción de censura contra Rajoy, en el gobierno, primero en solitario y después, tras un par de convocatorias electorales incapaces de darles una mayoría suficiente en solitario, en coalición con Podemos, sólo ha sido en fechas recientes, al calor de la inminencia de una nueva convocatoria con las urnas, que el autodenominado “gobierno más social” parece haberse acordado de las políticas de vivienda. Tras un lustro de explicarnos que las viviendas que acumuló la Sareb (una entidad pública que se quedó con los activos inmobiliarios tóxicos de la banca española para así poder ayudarlos a limpiar con encomiable generosidad el balance a la vez que se les inyectaban fondos públicos que siguen sin devolver) no podían ofrecerse en el mercado así de golpe, ni malvenderlas, porque eso impediría recuperar el dinero público que se metió en su día para hacerse con ellas, ahora va y resulta que ya se puede. ¡Albricias! 

Además, también se puede movilizar el suelo para desarrollos urbanísticos de esta misma entidad o incluso el del ministerio de Defensa. Y es que tras haber estado todos estos años las Comunidades Autónomas y ayuntamientos con más vocación por intentar sacar vivienda pública intentando infructuosamente que todos estos activos acabaran en el mercado, de repente Sánchez ofrece decenas de miles de viviendas adicionales a ritmo de un par de veces por semana, de manera que llevamos ya entre 100.000 y 200.000 que teóricamente estarán en breve a disposición de los españoles, y otro tanto a unos cuantos años vista más, en medio de cierto escepticismo general. 

Además, con amplio debate en los medios de comunicación en torno a sus contenidos, estamos asistiendo también a la fase final de la tramitación de una ley estatal de vivienda, ya aprobada por el Congreso de los Diputados, en votación muy ajustada, en estos momentos a la espera de acabar de ser validada por el Senado. Resulta cuando menos llamativo que el mismo gobierno que no retiró los recursos de inconstitucionalidad planteados por el gobierno del PP de Rajoy contra normas autonómicas en materia de vivienda como la valenciana o la catalana, que llevaron a la declaración de inconstitucionalidad de algunos preceptos a partir de una jurisprudencia muy cuestionable sobre los límites de la capacidad autonómica para desarrollar políticas de vivienda, haya sido el que ahora haya exhibido como grandes logros algunas de las medidas que combatió con denuedo, como la pretensión catalana de limitar el precio de los alquileres (una posibilidad que, para zonas tensionadas, fue planteada por primera vez por parte de la norma valenciana de 2017, aunque en su debate parlamentario, precisamente ante la amenaza estatal de recurso de inconstitucionalidad, acabó quedando como llamada al Estado para regularla antes que como norma jurídica que la Comunitat Valenciana pretendiera poner en vigor por sí misma).

Más allá de los contenidos concretos de la norma en tramitación en estos momentos en las Cortes españolas, una primera reflexión que conviene avanzar, y que sorprendentemente ha sido poco comentada, es que esta ley de vivienda, como ya han hecho otras muchas normas del “gobierno más social”, ha vuelto a recortar el ámbito de autogobierno de los valencianos (y también de los ciudadanos del resto de Comunidades Autónomas con competencias exclusivas, según la Constitución y sus Estatutos de Autonomía, en materia de vivienda… que son todas y cada una de ellas). Es tanto más sorprendente esta dinámica, o quizás no, si tenemos en cuenta que todas estas normas, incluyendo la futura ley en materia de vivienda, están recibiendo el apoyo de algunos aliados del gobierno de vocación supuestamente autonomista, federalista e incluso independentista. Es el caso, en clave valenciana, por ejemplo, de Compromís, que no ha tenido problemas de votar con el gobierno todas estas medidas. Y, por supuesto, de Podem Comunitat Valenciana o del Partit Socialista del País Valencià, entusiásticamente a favor de las medidas, y ello aunque la norma no ayuda necesariamente al desarrollo de las competencias en materia de vivienda que en estos momentos son su responsabilidad. 

Quizás podría renunciarse a algo de autogobierno, e incluso dejar de ponernos estupendos con eso de que en principio sería bueno aplicar la Constitución y el reparto de competencias tal y como fue democráticamente decidido, a cambio de una ley de vivienda que estableciera unos mínimos socialmente muy avanzados con los que todas las Comunidades Autónomas debieran cumplir, en indudable beneficio de los ciudadanos y, en especial, de los más jóvenes o de los menos pudientes. Va a gustos, es de suponer. Pero es que en realidad ni siquiera estamos ahí. Porque conviene recordar que si comparamos la nueva ley estatal con, por ejemplo, la norma valenciana de 2017 no parece que vaya a haber sustanciales avances en el reconocimiento efectivo de un verdadero derecho subjetivo a la vivienda para los ciudadanos más vulnerables, ni medidas que vayan más allá en materia de protección contra la discriminación de estos mismos ciudadanos o frente al acoso inmobiliario de lo ya desarrollado, entre malas caras desde las instituciones estatales, por la ley valenciana. Y tampoco se copian ni amplían medidas posteriores del gobierno valenciano, como la extensión de los derechos de tanteo y retracto en favor de la Administración, ya validada por el Tribunal Constitucional, frente a ventas de grandes tenedores o de fondos de inversión. 

Se trata ésta de una medida que, aunque contaba con algún precedente (y también con un uso tradicional respecto de la vivienda protegida en toda España en caso de su venta tras su desclasificación), ha sido el gobierno valenciano el que la ha empleado como punta de lanza de una más ambiciosa política de reconstrucción del parque público de vivienda y que, aun contando con detractores por razones más de creencia en cómo han de funcionar los mercados que consideraciones prácticas, no puede sino considerarse positiva porque introduciendo pocos costes en el sistema (lo único que pierde el propietario es el “derecho” a elegir comprador a igual precio, porque en estos casos será siempre la Administración quien compre si así lo decide) ayuda a fortalecer de modo indudable, si se usa con vigor, las posibilidades de que la Administración pueda contar con viviendas que estime de interés para ponerlas en uso con finalidad social de manera rápida y en muchas ubicaciones diversas. 

En definitiva, y al menos respecto del caso valenciano, parece dudoso que esta inmisión legislativa aporte demasiado a nuestras políticas de vivienda. Mejor habría sido que durante todos estos años el Estado hubiera apoyado, si de verdad creía en la importancia de las mismas, los fondos y recursos necesarios que desde hace tiempo se han pedido, o la colaboración de la Sareb y de otros organismos públicos. 

Respecto de las novedades más interesantes del concreto texto normativo a punto de ser aprobado, como es sabido, la mayor polémica ha surgido respecto de las restricciones que se van a introducir en cuanto a la posibilidad de incrementar los precios de los alquileres, incluyendo incluso un nuevo índice que habrá de ser empleado en lugar del IPC para los cálculos de posibles revaloraciones. Una novedad que, aunque manifiestamente bienintencionada, tiene toda la pinta de que acabará provocando no pocos problemas por cuanto deja algunas vías alternativas (como el alquiler de temporada, por menos de un año, a la manera en que suele hacerse con los pisos de estudiantes) para que los propietarios menos empáticos con los inquilinos sigan pudiendo subir los precios. Con el agravante de que, ante esta creciente disparidad entre regímenes jurídicos, cada vez habrá más diferencia de precio entre una modalidad y la otra, generando manifiestos incentivos para que más y más propietarios empiecen a retirar pisos del mercado de alquiler de larga duración y los dediquen a otros usos. No pinta, sencillamente, bien. Porque cuando una norma jurídica acaba dejando en mejor posición a quienes tratan peor a otros ciudadanos que a quienes interactúan con ellos dotándoles de más derechos y seguridad es inevitable que incluso una parte de los que ven más justo  y razonable esta segunda alternativa acaben pasándose a lo más beneficioso para ellos.

Asimismo, la futura ley reincide en un defecto que otras normas en materia de vivienda aprobadas en los últimos años, especialmente tras la pandemia, ya habían manifestado: se establecen prórrogas obligatorias para casos de ciudadanos en situaciones de especial vulnerabilidad económica y social a costa de los propietarios, lo que sin duda responde a un interés encomiable de protección de quienes más lo necesitan. El problema es que este tipo de políticas deberían pagarse por toda la sociedad en su conjunto, sin que tenga sentido que sean sufragadas en exclusiva por aquellos propietarios, sean pequeños o grandes, que tengan la “mala suerte” de que les haya tocado un inquilino en esta situación. Es un principio básico de justicia distributiva que el reparto que hacemos entre todos ha de minimizar la incidencia de la suerte, buena o mala, en la situación de los ciudadanos, como también lo es que las políticas públicas las tenemos que pagar entre todos, a partir de nuestra respectiva capacidad, vía impuestos. Que la norma se empeñe en obviar esta idea tan sencilla, tan básica y, además, tan importante para que las políticas sociales públicas funcionen y puedan ejecutarse adecuadamente resulta bastante descorazonador.

Lo cual no significa que la norma no tenga novedades de agradecer, que por lo demás ya estaban en todos los textos autonómicos aprobados en los últimos años en medio de la ya referida hostilidad estatal, como es el caso de la prohibición de descalificación de viviendas públicas o protegidas, los incentivos fiscales a los alquileres más estables y contenidos o que, por fin, se dé la opción a las Comunidades Autónomas de poder desarrollar políticas de control de precios en las zonas más tensionadas. Pero, sinceramente, parece poca cosa para compensar una injerencia en las potestades autonómicas tan intensa como la que se está produciendo. Y, además, con un resultado más bien humilde para un gobierno que presume de ser el más social de Europa, y de quien se esperaría por ello que al menos dotara con muchos más fondos y suelo a las Comunidades Autónomas para que éstas pudieran desarrollar sus competencias. Eso queda, me temo, para otra legislatura o, quizás, y sencillamente, para otra manera de entender estas políticas, decididamente mucho más social y más federal, pero de verdad, no sólo de nombre. Lo que, como es obvio, estamos aún muy lejos de poder disfrutar en España.