La síndica del PP en Les Corts, Eva Ortiz. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA (EFE). La síndica del PP en Les Corts, Eva Ortiz, ha desvelado este jueves en la sesión de control que la policía judicial ha registrado la sede de las empresas del hermano del president de la Generalitat Francis Puig y de los socios de este.
Ortiz ha anunciado que su partido va a presentar una "reclamación formal" para que el hermano del president, Ximo Puig, y sus socios devuelvan a los valencianos el dinero "defraudado" y que han recibido de forma "irregular y fraudulenta" de la Generalitat.
La síndica del PP ha indicado que están "muy de acuerdo" con que el Consell diga que persigue el dinero que se ha defraudado a los valencianos, pero ha opinado que es "incoherente" con que no lo hagan con el hermano del president y sus socios.
Ortiz ha destacado que hay "numerosas irregularidades" que se están investigando en ese dinero que se ha dado "con generosidad familiar" y que ha cifrado en "más de 2 millones de euros" al "cártel de sus hermanos".
La dirigente popular ha reclamado que la Abogacía de la Generalitat "no haga distinción entre quién se lleva el dinero" y "se persone ya" en esta causa. En el turno de repreguntas, el diputado del PP Miguel Barrachina ha pedido "explicaciones" sobre esas ayudas, a lo que el conseller de Hacienda, Vicent Soler, le ha replicado que el PP lleva 900 peticiones de información sobre este asunto, de las que ya se le han respondido la mitad.
Soler ha reprochado que estas cuestiones las plantee "el partido más corrupto de la historia de España" y ha destacado que esta es la decimoctava sesión de control en la que piden clarificaciones sobre este asunto, aunque ahora le ha tocado hacerlo a un "hijo político de Carlos Fabra".
El PP ha facilitado un auto del Juzgado de Instrucción número 4 de València del 21 de mayo por el que se desestima el recurso interpuesto por Francis Puig, Canal Maestrat, Kriol Produccions, Nova, Enrique Adell Bover y TVCS Retransmisiones contra registros efectuados en ellas.
Los recurrentes señalaban que considera esa la actuación es "desproporcionada", y que si se les hubiera dado traslado "se podría haber evitado el desplazamiento de la Guardia Civil", porque no tienen "inconveniente alguno en aportar cuantas facturas" les sean requeridas.
