La promotora valenciana Deborja reclama la propiedad de las salinas de Calp y pide 55 millones

CALP. La promotora valenciana Deborja SA ha demandado al Ayuntamiento de Calp, la Conselleria de Agricultura y el servicio provincial de Costas de Alicante para reclamar la titularidad de las Salinas de Calp y una indemnización de 54 millones de euros. La firma alega en su denuncia, presentada ante el TSJCV y según ha podido saber este medio, que la finca es de su propiedad desde 1989 y que los demandados han generado el humedal de manera artificial. Dado que, tras la ocupación por parte del Ministerio en 2008, la firma considera que es imposible restituirle el terreno, reclama una indemnización de 54,9 millones de euros.

La demanda presentada por Deborja asegura (y aporta documentos oficiales) que en 1989 la mercantil adquirió una parcela de 222.882 metros cuadrados por 1.500 millones de pesetas de entonces (unos 10 millones de euros), que coincide al 89% con las actuales Salinas. La empresa apunta que tanto el Ayuntamiento como la Conselleria y el Servicio Provincial de Costas han realizado intervenciones en su terreno sin su permiso, y pone como ejemplo la ruta ornitológica o la celebración del día de la familia.

Pero además, asegura que las Salinas "han sido transformadas en un paraje natural de modo artificial por medio del bombeo de agua de mar" y sirven como "sustitutivo del saneamiento tanto de aguas residuales como de pluviales de la urbanización de su entorno". Así como que funcionan como depósito de retención de la contaminación "asociada a la escorrentía de lluvias".

"Desde que se ocuparon por el Servicio Provincial de Costas, en febrero de 2008, para realizar en ellas el desagüe y la impulsión de agua del mar, existe una imposibilidad de restitución in natura de los terrenos a sus propietarios", indica la demanda en su argumentario, donde además destaca la calificación del humedal como suelo urbano. 

El escrito recoge numerosos informes de expertos, así como una valoración del terreno que sitúa en unos 221 euros el metro cuadrado, de tal forma que al multiplicarlo por la superficie resulta la cifra de 49 millones de euros por el valor de la parcela. Y pide una indemnización por el uso del suelo de 1,25 euros, lo que eleva la cifra demanda hasta cerca de 55 millones de euros, equivalentes el 89% del total de la parcela cuya propiedad asume la demandada.