Ximo Puig y el ministro Pedro Duque, este miércoles en AlicanteVALÈNCIA. "Entiendo las críticas de hosteleros, no ha sido fácil tomar las medidas". El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, continúa haciendo equilibrios para limitar el perjuicio económico que implican algunas de las restricciones que se han tenido que acordar para contener el avance de la pandemia. El jefe del Consell lo intenta incluso con las decisiones exceden de sus competencias porque dependen del Ministerio de Sanidad y de criterios epidemiológicos.
Es lo que ha sucedido con el paquete de once medidas que el Gobierno central y las comunidades han acordado aplicar de manera conjunta y coordinada en toda España ante el repunte de los contagios. Entre ellas están restricciones al ocio nocturno o la hostelería, dos sectores que el Consell ha tratado de proteger en las últimas semanas posponiendo la toma de decisiones hasta el punto en que el descontrol de los contagios le abocó a actuar.
Fue lo que sucedió la semana pasada cuando la Conselleria de Sanidad anunció la semana pasada una serie de medidas de aplicación solo en la ciudad de València entre las que se incluían el cierre de discotecas y pubs a la 1.00 horas o el endurecimiento de las condiciones para los restaurantes, dos de los ámbitos en los que más complicado resulta establecer la trazabilidad de los contactos.
Pero apenas 24 horas después, Gobierno y Comunidades Autónomas pactaron por unanimidad un paquete de restricciones que iban mucho más allá de las previstas por el Consell para València, ya que implican el cierre total del ocio nocturno y constriñen aún más a la restauración. Pero junto a estas medidas que afectan directamente a algunos sectores económicos también se adoptan otras como la realización de PCR en los ingresos o reingresos en residencias o el cribado con estas pruebas en grupos específicos.
Tal y como publicó este periódico, solo el ministro de Sanidad, Salvador Illa, puede revocar expresamente esas medidas, que incluyen la prohibición de fumar en la calle, tras acordarlo en el seno del Consejo Interterritorial de Sanidad, por lo que la potestad de poner fin a las mismas escapa del control de los gobierno autonómicos.
Pese a ello, la Comunitat Valenciana ha sido la única que ha incluido en su resolución para trasponer esas medidas al ámbito autonómico un plazo de vigencia que la Conselleria de Sanidad ha establecido en tres semanas. Con ello, el departamento que dirige Ana Barceló rompe la unidad de acción pactada por unanimidad de todas las autonomías, ya que por primera vez desde que finalizó el estado de alarma el Gobierno central y los autonómicos han pactado actuar de forma coordinada en la aplicación de unas medidas de mínimos en el control de la pandemia. Las CCAA pueden ir más allá en algunas, pero no desmarcarse del mínimo común para todo el país.
Con todo, tanto el jefe del Consell como la consellera de Sanidad tratan de aplacar el descontento empresarial. Mientras las críticas de los hosteleros, el sector del ocio nocturno e incluso de la patronal autonómica CEV arrecían, Ximo Puig y Ana Barceló intentar apaciguar el descontento empresarial incidiendo en unos plazos que escapan de su control.
Puig obvió esa circunstancia este miércoles al recordar que las restricciones se aplicarán durante 21 días, pese a no tener garantías sobre ello. Tras ese plazo, confió en que se pueda reconsiderar "ir hacia la normalidad". El jefe del Consell consideró que las restricciones son "lo suficientemente restrictivas" como para descartar en la Comunitat un confinamiento total o parcial.
Por su parte, Barceló se mostró confiada en la eficacia de las medidas en la "contención y no transmisión" del coronavirus. Según la consellera, la subida en la cifra de positivos al hecho de que se está haciendo más rastreo de contagios por el trabajo de Salud Pública y, sobre todo, de atención primaria, y por la mayor movilidad en el periodo vacacional.
"Vamos a ver los efectos que tienen; luego nos reuniremos con el Ministerio y evaluaremos sus efectos con las CCAA", señaló Barceló en referencia a las medidas acordadas entre Gobierno y autonomías.
