El empresario Francisco Martínez se querella contra un médico por estafa

VALÈNCIA. La sociedad Torrent Fimer, propiedad del empresario Francisco Martínez –exaccionista de la empresa cárnica Martínez Loriente–, ha presentado una querella en un juzgado de Madrid contra el doctor M. P. por los delitos de estafa y frustración de la ejecución. 

Ésta se basa en tres préstamos finalistas por valor total de 10 millones de euros que la mercantil realizó al médico. Dos fueron a título personal y otro a una fundación de la que M. P. es presidente desde hace más de 20 años. El escrito, que remarca que Torrent Fimer es una empresa familiar que no se dedica a la financiación a terceros, relata que fueron "embaucados" para otorgar esa cantidad de dinero que "no se destinó a la finalidad pactada ni tampoco fue devuelto". 

Adicionalmente, uno de los querellados, indica, ha llevado a cabo "actos tendentes a frustrar la ejecución al dejar o pretender dejar sin efecto el mapa de garantías de la financiación" y ha solicitado un preconcurso de acreedores "para colocarse en una situación de insolvencia con el fin de perjudicar las expectativas de recobro" de la sociedad de Francisco Martínez. 

Los préstamos fueron concedidos entre 2017 y 2018. En ese momento, señala la querellante, M. P se presenta como un afamado doctor en Medicina con la especialidad de cardiología y figura como administrador único de la mercantil Grupo Hospitalario Europeo. Su actividad era la intermediación en la prestación de servicios y productos de medicina estética y odontología, estomatología y cirugía maxilofacial.   

En junio del 2017, exponen, el doctor suscribió un acuerdo con Portobello, gestora de fondos de capital riesgo líder en España, con el fin de regular los términos y condiciones que serían de aplicación a la inversión de las dos partes en Grupo Hospitalario. La junta general de este último acordó la ejecución de una ampliación de capital que quedó formalizada. De esta manera, la mercantil de Francisco Martínez asumió 888 participaciones y M. P. 15.552 de un euro de valor nominal cada una de ellas. Con ello, Portobello pasaba a tener el 80% de la participación en Grupo Hospitalario.  

Ampliaciones de capital 

El doctor, narra la querella, estableció contactos con un representante de Torrent Fimer para que pudiera financiarle el desembolso de esa primera ampliación de capital. Solicitó un préstamo a título individual de 2,1 millones de euros que le fue concedido. El motivo, de acuerdo con los denunciantes, es que M. P., como presidente de Grupo Hospitalario, iba a crear un protocolo médico con el compromiso de no competencia en lo relacionado con la actividad de odontología y medicina estética. Posteriormente, el capital social fue ampliado en una segunda ocasión, para la que pidió a la mercantil de Francisco Martínez otros 4 millones de euros que también le dio.

La tercera financiación, en 2018, fue de 3,9 millones de euros para la Fundación del doctor con el propósito de llevar a cabo los fines para los que fue creada y cancelar determinadas cargas hipotecarias de las fincas de las que era titular. 

La fecha de vencimiento de devolución del primer préstamo era el 14 de julio de 2020 y la del segundo noviembre del mismo año. Sin embargo, detallan los querellantes, antes de que se cumpliese el plazo, M. P. revocó el poder que había otorgado a Torrent Fimer para que pudiese ejecutar el cobro en caso de incumplimiento. Algo que, destacan, supone perjudicar la ejecución. 

Los abogados de Torrent Fimer aseguran que "las financiaciones se solicitaron y concedieron para unos fines muy concretos" y no tienen información de cuál ha sido su uso

Igualmente, se preguntan cuál fue el destino de todas las cantidades de dinero. De acuerdo con las comprobaciones que exponen, los fondos no fueron a parar a nada de lo comprometido. De un lado, nunca tuvo lugar la segunda ampliación de capital en Grupo Hospitalario porque el doctor no la suscribió. De otro, las cargas hipotecarias de la Fundación tampoco se cancelaron. 

Los abogados de Torrent Fimer aseguran que "las financiaciones se solicitaron y concedieron para unos fines muy concretos" y no tienen información de cuál ha sido su uso. Por lo que señalan que "la única justificación posible es la existencia de una intencionalidad previa a la formalización de los contratos de no cumplir la finalidad prevista en los mismos". "De los 10 millones prestados por la compañía de Francisco Martínez en menos de año y medio, ésta no ha recuperado ni un euro y a día de hoy no tiene ninguna garantía para su recuperación", añaden.

La querella incluso llega a poner en duda la condición de titulado en Medicina de M. P. puesto que, según las comprobaciones, no aparece en los registros del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos. Para corroborarlo, Torrent Fimer pide al juzgado que solicite al órgano que acredite si cuenta con titulación.