Se nos acaba el tiempo, consellera

Apenas han transcurrido tres semanas desde el Debate del Estado de la Nación, con resultado positivo pero agridulce para la recuperación del Derecho Civil Valenciano; y, pese a que se ha silenciado por parte de algunos medios de comunicación, estos meses de junio y julio, justo cuando se cumplen los 40 años del Estatuto, se ha hablado de las carencias de nuestro autogobierno, más allá del territorio autonómico. En escenarios legislativos, como el Congreso, en pleno Debate del Estado de la Nación; y por actores políticos, en los casos del PSOE de la Cámara Baja o Núñez Feijóo, con capacidad para centrar la atención mediática.

Han pasado 6 años de nada, más de lo que duró la II Guerra Mundial, desde que en mayo de 2016 el Tribunal Constitucional anuló la primera de las leyes civiles valencianas y por extensión la capacidad de les Corts para cumplir su función legislativa en materia de discapacidad y normas sucesorias o de Derecho de Familia, en un sentido amplio; pero, tras meses de reuniones y actos, parece que se están enterando en Madrid de que esta cuestión, que requiere añadir un nuevo párrafo -41 palabras- a la disposición adicional segunda de la Constitución, debe resolverse antes de que acabe la legislatura. Y, por economía procesal, como repetimos machaconamente, ha de abordarse, de forma conjunta, con otra justa modificación constitucional con el fin de eliminar una terminología ofensiva para las personas con discapacidades y corregir el dislate que, desde hace 43 años, figura en el artículo 49.

El traspié de Baldoví en el debate del Estado de la Nación, no comunicando formalmente la aceptación de una enmienda socialista a su propuesta de resolución en favor de la tramitación conjunta de las reformas del artículo 49 y del Derecho Civil Valenciano, ensombreció levemente el hecho histórico de que una mayoría de la cámara planteó una posición favorable a dicha tramitación conjunta.

En efecto, Unidas Podemos, ERC, diferentes grupos territoriales y también el grupo parlamentario socialista, al plantear la enmienda, apoyaron el hecho novedoso de que se aprovechara la reforma planteada por CERMI, representante de las personas con discapacidad, para tramitar conjuntamente la recuperación efectiva del Derecho Civil Valenciano. Por tanto, la mayoría del Congreso tiene una posición favorable a que, por primera vez, se modifique la Constitución para atender demandas de movimientos sociales y no presiones de élites políticas o requerimientos comunitarios.

Sí, Baldoví cometió un error y nos falló el plan A; pero, gracias a él, se trató el tema en el Debate del Estado de la Nación, cuando debía ser un asunto que tenían que haber liderado también otros grupos, tal y como les solicitamos Juristes Valencians. Y, en especial, había de presentarlo el grupo de Unidas Podemos, nuestro plan B. Nuestro planteamiento pasaba por abordar la problemática del Derecho Civil por diferentes grupos, al tratarse de una reivindicación tan transversal e instrumental; pero, lamentablemente, Joan Baldoví solo tenía una propuesta de resolución y optó, debido a nuestra insistencia, por unir la relativa a la infrafinanciación valenciana y la que solicitaba al Congreso la tramitación conjunta de la reforma constitucional para modificar el artículo 49 y la planteada por las Corts Valencianes, pendiente de tramitación desde hace 30 meses.

Como la propuesta de Baldoví de denuncia de la infrafinanciación incorporaba referencias al dumping fiscal de Madrid, obviamente, era inasumible para el PP. De ahí la importancia de que otro grupo hubiera presentado la petición reintegradora del Derecho Civil de forma independiente, pero nos falló Rosa Pérez.

Me resulta incomprensible y denota desinterés o ineficacia de nuestra consellera de Participación, Cooperación, Transparencia y Calidad Democrática, que es la competente en materia de autogobierno, que, entre las 15 propuestas de resolución de Unidas Podemos, no se presentaran de forma singular por Jaume Asens, presidente del grupo parlamentario, la de defensa del Derecho Civil propio y su tramitación simultánea con la reforma para dar un trato respetuoso a las personas con discapacidad.

Rosa Pérez tenía que haber estado presente, física o virtualmente, en el debate, por la trascendencia de la cuestión para el autogobierno, y hacer valer ante el grupo parlamentario la relevancia de su cargo en uno de los pocos gobiernos autonómicos en los que participa UP. Nuestro Consell debe defender los intereses valencianos en las Cortes Generales, empezando por el grupo parlamentario de la consellera. No basta con la presencia en actos ni con celebrar fiestas, si no se realiza la presión política necesaria para evitar que Bolaños busque subterfugios a la hora de dar largas a les Corts o conseguir que la vicepresidenta del Gobierno intervenga en esta cuestión.

Por favor, consellera, deje de subcontratar la recuperación del Derecho Civil en terceros y busquemos un mecanismo joint venture para priorizar este tema en el seno del Consell y evitar un gran fiasco, si las cúpulas del PSOE, del PP o de su propia coalición pretenden que el recorte del autogobierno se cronifique frente a la voluntad valenciana.

En este agosto de 2022, nos encontramos ante un dilema similar al que tuvieron que adoptar los líderes aliados ante el desembarco de sus tropas aliadas, en junio de 1944, en Normandía. Ganamos ahora o esto va para largo.

Muchos políticos valencianos y todos los actores de nuestra sociedad civil con voluntad autonomista sabemos que esta histórica reclamación puede resolverse en los próximos meses, antes de que el presidente Sánchez opte por disolver las Cortes, por la coincidencia, en mi opinión, de cuatro factores coadyuvantes:

1º.- El nombramiento del galleguista Alberto Núñez Feijóo como presidente del PP, que tiene difícil negar a los valencianos lo que defiende para los gallegos, interponiendo incluso recursos de inconstitucionalidad en defensa de su competencia en Derecho Civil propio.

2º.- El principio de acuerdo del PSOE-PP para adecuar la Constitución a la legalidad internacional, en el ámbito de la discapacidad.

3º.- El generoso apoyo prestado por el presidente de CERMI, Luis Cayo, a la tramitación conjunta de dos reformas de carácter social que beneficiarán a personas con alguna discapacidad, sus familias y 5 millones de valencianos.

4º.- El convencimiento general de que, ante la finalización de la XIV legislatura del Congreso y la constante bronca parlamentaria, solo es posible realizar una mínima reforma constitucional para modificar el artículo 49. Por eso, es tan importante que la mayoría del Congreso haya aceptado tratar las dos modificaciones de forma conjunta, como pidieron en les Corts las síndicas del PSPV (Ana Barceló), PPCV (María José Catalá), Compromís (Papi Robles) y Unides Podem (Pilar Lima) el pasado 29 de junio.

Estamos en presencia de uno de los momentos decisivos del autogobierno valenciano, que puede poner punto final, si todos nuestros políticos cumplen sus obligaciones, a una discriminación con origen en 1707. Ya saben: el año de la derrota de Almansa y los Decretos de Nueva Planta, que, de forma tramposa, Felipe V extendió a leales y rebeldes, a casi todos los valencianos. Y tenemos que aprovechar, para conseguirlo ahora, que PSOE y PP quieren modificar el artículo 49 de la Constitución; lo que dependerá, en gran medida, del ímpetu, del valor y de la insistencia que le pongan Esteban González Pons, Ximo Puig, Carlos Mazón y también Rosa Pérez Garijo, como consellera responsable, la flamante vicepresidenta del Consell, Aitana Mas; y María Jose Catalá, para requerir de Bolaños, Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez que cumplan, tarde pero bien, con los valencianos. Pero, como ocurrió con la reforma del Estatuto de 2006, tendrán que pelearlo. Que nadie espere que nos concedan lo que reclaman el municipalismo y la sociedad civil valenciana sin convencer ni discutir, como tuvieron que hacer en sus respectivos partidos Camps y Pla. Y, necesariamente, tendrán que batallar para evitar que descafeínen o aplacen lo que solicita nuestra sociedad. Es una labor de los responsables institucionales y cargos orgánicos del PSPV y PPCV, como Ximo Puig, Carlos Mazón, María José Catalá, Alejandro Soler, María José Ferrer San Segundo, Vicente Mompó, Fernando de Rosa, Diana Morant, Vicent Soler, Alberto Fabra, Salomé Pradas, Arcadi España, Macarena Montesinos, Belén Hoyo, Vicent Sarrià, Susana Ros, Patricia Blanquer, Pepa Andrés, Luis Santamaría, Javier de Lucas, Cesar Sánchez, Ernest Blanch, Artemi Rallo, Yolanda Seva, Vicente Betoret, Pepe Todolí, Pablo Ruz u Óscar Gamazo; y, por supuesto, Esteban González Pons. Para eso deben estar en política, para defender de forma eficaz los intereses generales de los valencianos.

Lo hemos dicho: no pueden aplicarnos nuevas LOTRAVAS en el 40 aniversario del Estatuto. No pueden volver a dividirnos con otro 143 de forma tramposa. Tras las decepciones infligidas contra el autogobierno de los valencianos por otros dirigentes del PSOE y PP en el pasado, nadie puede exigirnos nuevas esperas. Es el momento de la lealtad con las instituciones y la sociedad valenciana. Por favor, para asegurar sus puestos, no banalicen la voluntad de los valencianos. No acepten recortes del autogobierno.

Se nos acaba el tiempo, consellera. Concluye la legislatura y llega la hora de la verdad. Es el momento de recuperar los derechos civiles pendientes de valencianas y valencianos. Y dependerá de nuestros representantes políticos que ganemos ahora.

José Ramón Chirivella es presidente de la Associació de Juristes Valencians