VALÈNCIA (EFE). Los sindicatos Intersindical, CNT y CGT y la Coordinadora Valenciana d’Empleats Públics en Frau de Llei han convocado una huelga general para el 18 de junio en las administraciones públicas en protesta por "el abuso de la temporalidad".
La convocatoria de huelga afecta a la Administración General del Estado, la administración autonómica, las diputaciones, la administración local, agencias y empresas públicas, entidades de derecho público y universidades, y a los trabajadores públicos sea cual sea la modalidad de su relación laboral, según han indicado en un comunicado.
Pretenden en esta movilización exigir el fin del problema de la temporalidad en las relaciones laborales y administrativas en las administraciones públicas, y reivindican la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público para establecer sanciones a las administraciones que abusen en un futuro de la temporalidad.
Esta sanción, según defienden, tiene que ser "suficientemente disuasoria" como para prevenir el abuso y a la vez proteger los derechos laborales del personal que sufre estas prácticas.
Además, exigen que se introduzcan modificaciones legales y normativas que permitan la consolidación del empleo del personal que está en situación de "abuso de la temporalidad".
Los sindicatos consideran "una amenaza" contra el personal temporal e interino la propuesta del ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, de reforma del Estatuto Básico del Empleado Público porque "no solo no soluciona el problema sino que lo agrava" al sancionar a los trabajadores en abuso de temporalidad con el despido forzoso y sin indemnización.
"No aporta soluciones a la temporalidad e incluso promueve la precarización de las plantillas: pretende resolver la temporalidad con más temporalidad, penaliza a los usuarios de los servicios públicos y no contempla ninguna solución al colectivo", aseguran.
Además de pedir la retirada inmediata de la propuesta del ministro, reclaman, según las circunstancias de cada sector o administración, la suspensión de las oposiciones de estabilización, la exclusión de las plazas ocupadas por personal en abuso y el establecimiento de una garantía de permanencia del personal que resulte afectado por la ejecución de los cambios.
