Sergio Blasco, tras presentar su dimisión como director gerente del Hospital General en 2014. VPVALENCIA. La Sindicatura de Comptes ha decidido notificar al Tribunal de Cuentas lo que considera indicios de responsabilidad contable en el contrato, todavía vigente, que firmaron en 2009 el entonces director gerente del Consorcio Hospital General de Valencia (CHGUV), Sergio Blasco, y la empresa Exploraciones Radiológicas Especiales (Eresa), controlada por Vicente Saus.
Así lo revela en el informe anual sobre las cuentas de la Generalitat valenciana correspondiente a 2015, entregado este miércoles por el Síndic Major, Vicent Cucarella, en Les Corts. El informe también apunta a un contrato de logística del mismo hospital, que será también remitido al Tribunal de Cuentas con la misma consideración.
Según afirma en relación con el contrato de Eresa, de unos 13 millones de euros anuales y para el que no medió concurso público, "se aprecian incumplimientos muy significativos de los principios y reglas generales de contratación, por lo que no queda garantizada la ausencia de arbitrariedad en las decisiones adoptadas por los gestores del CHGUV en relación con la tramitación, aprobación y ejecución de los servicios de TAC, resonancias magnéticas, PET-TAC y servicios complementarios, que fueron prestados por la misma empresa desde el ejercicio 1989 hasta la actualidad".
Como ha venido publicado en exclusiva Valencia Plaza desde principios de 2016, Eresa venía prestando el servicio de resonancias en el Hospital General desde 1989 y fue ampliando las prestaciones y el espacio ocupado sin que mediara concurso. En 2009, el contrato se modificó sustancialmente en perjuicio del Hospital General, según denuncia ahora la Sindicatura. Además, desde 2012 los acuerdos con Eresa eran "nulos de pleno derecho" al carecer de soporte legal, según señaló la Intervención de la Generalitat.
Estos son los contratos firmados por Eresa para el Hospital General, el primero con la Diputación de Valencia –en 1989, con el socialista Francisco Blasco de presidente– y luego con el Consorcio, del que Sergio Blasco –hijo del anterior y sobrino de Rafael Blasco, exconseller actualmente en prisión– fue director gerente entre 1999 y 2014:
En 2014, poco antes de dimitir y marcharse a la República Dominicana tras saltar a la luz un escándalo relacionado con su gestión, Sergio Blasco dejó como 'regalo' a sus sucesores la renovación del contrato con Eresa por tres años más (2015-2018). Un negocio de unos 40 millones de euros, sin concurso público.
Según la Sindicatura, en la revisión de la ejecución contractual se puso de manifiesto que las prórrogas no fueron expresamente acordadas como establece la normativa. Además se modificaron "de forma significativa" las condiciones contractuales sin someterlas a una nueva licitación, incumpliéndose lo dispuesto en la Ley de Contratos.
El informe detalla algunas modificaciones introducidas antes de 2009, con prórrogas tácitas y ampliaciones de contrato, y señala que el espacio ocupado por Eresa en el Hospital General pasó de los 200 metros cuadrados iniciales a unos 1.600, ocho veces más.
Pero es en el contrato de 2009 donde el organismo que dirige Vicent Cucarella detecta los indicios de irregularidades que darían lugar a responsabilidad contable. La modificación de 29 de abril de 2009, suscrita por el director gerente y la directora económico-financiera, "contempla modificaciones sustanciales en los servicios a prestar, los precios a repercutir, la revisión de precios y la facturación", explica. Y se acuerda que a partir del 1 de noviembre de 2008 Eresa facture al Consorcio y no a la Generalitat por los servicios.
El contrato con la empresa de la familia Saus "fue aprobado sin consignación presupuestaria suficiente, sin fiscalización previa del gasto y sin la existencia de un informe jurídico que informara de la adecuación del contrato a la normativa de aplicación". Además, "el órgano competente para su aprobación debió ser el Consejo de Gobierno, teniendo en cuenta la facturación estimada anual (8,7 millones en 2009) y las modificaciones sustanciales acordadas".
Entre los cambios más destacados, se pactaron nuevos precios por los servicios de TAC y complementarios y se anuló la compensación del 10% que percibía el Consorcio hospitalario por pacientes derivados por facultativos del Departamento de Salud 9. El Consorcio adujo, en sus alegaciones a la Sindicatura, que la anulación de los ingresos del 10% se debió a una reducción de los precios facturados, "si bien estos hechos no se encuentran acreditados en el expediente", según el organismo fiscalizador.
Tras estas modificaciones, la Sindicatura estima que los ingresos dejados de percibir por el Consorcio, sólo en 2015, como consecuencia de la anulación de la compensación del 10% fue de 417.014 euros por los servicios de TAC y complementarios y 443.843 euros por los de resonancias magnéticas.
Adicionalmente, la Sindicatura ha comprobado que los precios facturados en los ejercicios 2010 y 2013 por los servicios complementarios (oncología y radioterapia) y por los servicios de PET-TAC y gammacámara fueron superiores a los acordados en el contrato de 2009, debido a la revisión de precios presentada por Eresa.
"Esta revisión de precios fue asumida por el Consorcio, incumpliéndose lo dispuesto contractualmente y sin que conste en el expediente su aprobación", afirma el Síndic. En base a la información disponible, el organismo fiscalizador ha estimado el efecto de dicha revisión de precios en la facturación del ejercicio 2015 en un importe de, al menos, 136.443 euros.
En el siguiente cuadro se aprecia la diferencia de ingresos y gastos para el Hospital General por este contrato a partir de 2009 (desde ese año no se recibe la compensación del 10% y los ingresos registrados corresponden a la prestación del servicio de recogida de residuos y de material y productos farmacéuticos, "sin que conste en el expediente documentación que regule la relación contractual", según la Sindicatura):
Además, en el contrato se acuerda una compensación del 5% por la facturación de los servicios de PET-TAC y gammacámara "cuya liquidación no consta en el expediente que haya sido practicada". La Sindicatura estima que los ingresos dejados de percibir por el Consorcio en un importe de 186.353 euros.
También se ha comprobado que no se han aplicado los descuentos por frecuentación en los precios de las resonancias magnéticas, descuentos previstos en el concierto de la Generalitat, "sin que hayamos podido estimar el mayor gasto facturado al CHGUV por los descuentos no practicados", afirma la Sindicatura.
Así pues, las modificaciones contractuales a la medida de Eresa firmadas de forma irregular costaron al Consorcio una pérdida de al menos 1.183.653 euros sólo en 2015, sin contar los descuentos por frecuentación que no se han podido calcular. Teniendo en cuenta que el contrato está vigente desde 2009 y presumiendo que en los años anteriores no se hizo mejor, el perjuicio para el Hospital General superaría los 7 millones de euros.
Ahora será el Tribunal de Cuentas el que deberá estudiar si inicia un proceso de responsabilidad contable por estos hechos o, incluso, si traslada el expediente al fiscal adscrito a este organismo en caso de apreciar indicios de responsabilidad penal.
Cabe recordar que los máximos accionistas de Eresa, Vicente Saus y sus hijas Marta y Lorena, están imputados junto a varios directivos de la compañía por los presuntos delitos fraude contra la Hacienda pública y la Seguridad Social y fraude de subvenciones.
