Ana Barceló, en Les Corts. Foto: ROBER SOLSONA (EP)VALÈNCIA. La asunción por parte de la Generalitat como laboral a extinguir de todo el personal del Hospital de Torrevieja, que el viernes pasará a depender directamente de la Conselleria de Sanidad al no prorrogar el contrato de concesión con Grupo Ribera, costará cada año 78,35 millones de euros. Así consta en un informe de la subdirectora general de recursos económicos del pasado agosto en el que se calcula que la plantilla actual del centro, más la previsión de plantilla nueva, "teniendo en cuenta la falta de colaboración por parte de la concesionaria", asciende a 1.959 trabajadores.
Según ese informe, dado que la reversión de este departamento sanitario genera obligaciones económicas plurianuales para la administración, la Generalitat consolidará esa cantidad en su presupuesto para para 2022 y futuros ejercicios.
Con todo, la relación exacta de trabajadores del centro serán asumidos por la Conselleria de Sanidad no se conocerá hasta dentro de nueve meses, ya que el departamento que dirige Ana Barceló empleará de entrada a todos y cada uno de los trabajadores del hospital, con independencia de si son temporales o indefinidos, contratados hasta el 31 de octubre del año pasado. Para los contratos formalizados a partir del 1 de noviembre de 2020, la continuidad como empleados de la administración está condicionada a la emisión de un informe favorable de la subsecretaría de Sanidad.
Para ello, la Conselleria de Sanidad dictará una resolución con los datos personales de identificación y categoría laboral de los trabajadores incluidos en la subrogación, incluidos los trabajadores eventuales con contrato en vigor en el momento del cambio a la gestión pública directa. Esta resolución tendrá que contar con un informe favorable de la Intervención de la Generalitat al dar lugar a la realización de gastos.
En paralelo, Sanidad ha tramitado un expediente para la creación de una "plantilla matriz" de naturaleza estatutaria. Esas plazas serán ocupadas por los actuales trabajadores de Torrevieja Salud, aunque no tendrán la consideración de empleados públicos al no haber accedido a la misma mediante un proceso regulado por igualdad, mérito y capacidad, sino como resultado de una reversión asimilable a una sucesión de empresa.
En ese expediente se ha previsto la creación de nuevos puestos para la equiparación de ratios profesionales, estructura organizativa y correspondencia con el resto de departamentos de gestión directa de la Conselleria, tanto en el ámbito de la atención primaria, como de la especializada.
La memoria económica de este expediente de modificación de plantilla asciende a 74,81 millones y prevé la creación de 1.869 puestos estatutarios además de los 71 puestos de trabajo que ya existen actualmente.
Además, en vista del "precedente" de la reversión del departamento de salud de La Ribera, Sanidad ha considerado necesario crear "una estructura directiva adecuada y suficiente para preparar el cambio de una a otra forma de gestión en el ámbito público" antes de asumir directamente la gestión del departamento.
La necesidad de crear previamente esas plazas directivas persigue "evitar la posterior litigiosidad y la necesidad de una ampliación adicional de la plantilla ahora creada, sin perjuicio de que no cabe seguridad al respecto en estos momentos", según la documentación del expediente a la que ha tenido acceso Valencia Plaza.
La memoria económica asociada a la creación de estos nuevos puestos para personal directivo cifra el coste total en 476.996 para los siete cargos creados.
Con todo, tal y como ha publicado este periódico, la directora general de recursos humanos reconoce en un informe emitido expresamente para cumplir el mandato de la Ley de Estabilidad admite desconocer la estructura exacta del personal del departamento y, por lo tanto, el coste total del mismo.
Ante ello, la Intervención de la Generalitat ha advertido a la Conselleria del riesgo de litigiosidad que existe al no haber aportado informes económicos que justifiquen la afirmación de que la reversión no tendrá costes añadidos para la Generalitat. Grupo Ribera, por su parte, ya ha anunciado que está dispuesta a llegar hasta el Supremo si el TSJ de la Comunitat desestima todos sus recursos a la vista de la jurisprudencia creada con la la sentencia sobre la reversión del Hospital de la Ribera sobre la obligación de las administraciones de justificar con informes económicos las reversiones de servicios públicos externalizados.
