VALÈNCIA. La historia reciente de la Antigua Fábrica de Tabacos de València no se entiende sin la concurrencia de la justicia. Tampoco el futuro. Por una parte, la solución del Ayuntamiento de València para dar cumplimiento a las sentencias no está exenta de conflicto y también se tendrá que dirimir en los tribunales. Y por otra, mientras no se da cumplimiento a los fallos, la empresa afectada continúa reclamando en el juzgado sus derechos. Esta es la fotografía actual de un problema enquistado y que, pese a todo, en el consistorio aseguran tener bajo control.
Ya han pasado cuatro años desde que el Tribunal Superior de Justicia anulara el cambio de planeamiento de Tabacalera aprobado por el gobierno municipal del Partido Popular. En 2005 el Ayuntamiento suscribió un convenio con la empresa Inmobiliaria Guadalmedina S.A. (Igsa) según el cual la administración local recibía el edificio central del complejo -propiedad de Igsa- y 14 millones de euros, mientras la promotora recibía dos solares para sendos edificios en las naves posteriores de Tabacalera que serían derribadas y un edificio municipal en Navarro Reverter.
El fallo del TSJ tras la denuncia de Salvem Tabacalera dejaba sin efecto el convenio y, por tanto, a la promotora sin poder construir en un suelo donde consideraba que había adquirido el derecho a hacerlo. Por ello, en 2018, Igsa presentó ante el consistorio una reclamación por responsabilidad patrimonial. El Ayuntamiento debía compensarle y la concejalía de Urbanismo, que dirigía Vicent Sarrià, decidió pagar a la empresa con suelo para evitar hacerlo con dinero de las arcas consistoriales.
El Ayuntamiento entregaría a la firma dos pastillas de suelo del barrio de Penyaroja. Dos parcelas que inicialmente estaban calificadas como suelo educativo y zona verde y que, para poder dárselas a Igsa, requerían previamente ser recalificadas y convertidas en suelo residencial. Y así se ha hecho en una operación de cambio de planeamiento que, además de transformar este suelo en residencial, ha adaptado a la realidad actual la ordenación urbanística de Tabacalera y Navarro Reverter tras anularse lo aprobado en 2005.
Ahora bien, esta modificación de planeamiento se ha aprobado definitivamente hace apenas dos semanas pero el consistorio no ha suscrito el convenio con la firma en el que estaba trabajando desde hace, al menos, dos años. En 2018, desde el departamento de Urbanismo se aseguraba que el documento estaba ultimándose y que incluiría una cláusula según la cual Igsa cesaría en su reclamación de responsabilidad patrimonial. Este verano, la acutal edil de Urbanismo, Sandra Gómez, señalaba que el convenio continuaba "gestándose". Pero nada se ha cerrado.
Este es uno de los dos motivos por el que la cuestión sigue en los tribunales: al no haber acuerdo, la empresa propiedad de la familia de Enrique Ballester sigue insistiendo en reclamar la responsabilidad patrimonial. Al rechazar el Ayuntamiento la petición y el recurso de reposición de la firma, el único camino que le quedaba era acabar en los juzgados, de manera que en julio presentó un recurso contencioso-administrativo reclamando 52,6 millones de euros al consistorio, tal como adelantó Valencia Plaza.
La otra vía judicial la ha abierto la Asociación de Vecinos de Penyaroja, que desde que se conocieron las intenciones consistoriales ha estado batallando contra la decisión de ubicar en el barrio estas dos torres. A juicio de la plataforma vecinal, el barrio requiere todavía de muchos servicios y eliminar suelo dedicado a zonas verdes y a centros educativos no parece lo más adecuado. Además, su portavoz, José Tárrega, insiste en que se podría haber vulnerado la normativa, de manera que ya ha anunciado que la Asociación acudirá a los tribunales por la vía del contencioso-administrativo contra la recalificación.
Así pues, el área de Urbanismo tiene ante sí dos litigios en marcha que, ciertamente, podrían considerarse relacionados. Públicamente se desconoce si la firma está dispuesta a ser compensada con los terrenos recién recalificados en Penyaroja, si bien fuentes próximas a la operación señalan que el conflicto judicial con los vecinos habría influido en la postura inicial de la promotora. Lo cierto es que la demora en la firma del convenio que estaba "casi cerrado" en 2018 según el consistorio ha levantado suspicacias sobre si Igsa acepta los terrenos en cuestión.
En el departamento de Gómez insisten en que Igsa no ha manifestado su desacuerdo. Pero en todo caso, la concejala señaló el pasado viernes a preguntas de este diario que es ahora, cuando se ha consumado la recalificación, el momento para alcanzar un acuerdo con la firma. La intención del Ayuntamiento de València ahora ya no es firmar un convenio, sino cerrar la operación mediante la vía de la expropiación con pago en especie: el consistorio se quedaría con el suelo de Igsa a cambio del suelo municipal.
Gómez subraya que el Ayuntamiento de València tiene cierta fuerza en la negociación, dado que, según dijo el viernes, a la empresa también le interesa regularizar los edificios ya construidos: uno en Tabacalera y otro en Navarro Reverter. Así, la edil de Urbanismo dijo que la empresa no tiene otra opción: si no acepta los terrenos de Penyaroja, se dejaría las mencionadas fincas en suelo consistorial, por lo que cabría la posibilidad de echar abajo los bloques, si bien fuentes jurídicas explican a este diario que habría que indemnizar a todos los propietarios de las viviendas previamente.
Ahora bien, lo cierto es que, de no alcanzarse un acuerdo, el Ayuntamiento de València habría recalificado los terrenos de Penyaroja con una finalidad que no se podría consumar. Donde tenía una zona verde y un colegio, ahora tendría dos suelos residenciales. Pero debería seguir haciendo frente a la deuda que le reclama Igsa en los tribunales. El horizonte, pues, es incierto.
