Tiempo de descuento en la Marina de València: de la liquidación del Consorcio al concurso de amarres

VALÈNCIA. Cuando septiembre llega como inicio de curso para la mayoría de entes públicos, en la Marina de València lo que se activa es el tiempo de descuento. Mientras se espera que el Ayuntamiento de València desvele de forma definitiva cómo será el nuevo organismo que gestione la dársena, los días se descuentan para que el Consorcio Valencia 2007, en liquidación, ya no pueda seguir al mando de la actividad del espacio.

El consorcio nació impulsado por las administraciones central, autonómica y local para ejecutar las infraestructuras necesarias para la celebración de la America's Cup y después pagar la deuda de más de 300 millones de euros que éste tenía con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) tras la celebración del gran evento. Una vez eliminada esta deuda, que el Gobierno condonó en 2021 tras la petición de las administraciones valencianas, el ente entró en un periodo una prórroga de tres años para su disolución y por lo tanto el cese de su actividad de gestor y arrendador.

Buena parte de estos espacios, desde la Estación Marítima a las bases, fueron cedidos por el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria de València al Consorcio para ser destinados al alquiler o a la concesión de derechos de superficie otorgados a empresas a cambio de un canon con el fin de pagar la deuda. Ahora, con la deuda condonada, quedan escasos meses para que el consorcio pueda tener actividad gestora y todavía no hay una solución sobre la mesa. 

En el mes de junio, la alcaldesa de València Mª José Català insistía en su idea de crear un nuevo ente formado por el Ayuntamiento de la ciudad, el Gobierno valenciano y el central a través del Puerto y destacaba la necesidad de "dar estabilidad" a la actividad que se desarrolla en este espacio y a los concesionarios que trabajan en ella. Pero por lo pronto, no hay más noticias, mientras que las concesiones han ido paulatinamente trasladando su gestión al Puerto de València con el fin de ganar una seguridad jurídica que no sentía bajo el Consorcio. 

De hecho, tal y como recogen las cuentas de la Autoridad Portuaria, ésta ha registrado bienes en Inmovilizado e Inversiones Inmobiliarias por adscripciones patrimoniales un importe total de 155,6 millones de euros. Del total de éstas, 148,7 millones de euros provienen del Consorcio Valencia 2007. Durante el ejercicio 2022, se formalizó el acta de entrega del inmovilizado. 

A la espera del concurso de amarres

Mientras, el Puerto de Valencia tiene que sacar a concurso la gestión de los 700 amarres del puerto náutico de La Marina después de que la Comisión Europea diera la razón a una denuncia por competencia desleal al considerar que las ayudas recibidas por la dársena permiten que sus precios sean más reducidos. 

Por ello, la gestión del espacio, que ahora depende de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), tiene que salir a concurso y de forma urgente. El Puerto ya trabaja desde hace meses en el diseño de este proceso, que según su ex presidente, Aurelio Martínez, se preveía lanzar el mes de septiembre, para tenerlo resuelto en 2023, previsiblemente a mitad de año. Obviamente, esto todavía no ha sido resuelto, aunque fuentes de la Autoridad Portuaria que preside Joan Calabuig estiman que verá la luz en septiembre.

El espacio náutico afectado estaba cedido al Consorcio Valencia 2007. Pero desde que el ente se encuentra en proceso de liquidación, la secretaría de estado de Hacienda, que era la representación estatal en el consorcio, ha instado al Puerto a sacar el concurso. Debido precisamente a la liquidación del consorcio, el Puerto ha recuperado este enclave y por eso es ahora la Autoridad la que debe lanzar el concurso de la gestión de los 700 amarres. 

Sin un responsable claro en el Gobierno

Mientras, la nueva decisión sobre un ente gestor que no paralice la Marina de València debe llegar con un Gobierno estatal en funciones que puede seguir en interinidad durante varios meses, teniendo en cuenta que el intento de investidura de Alberto Núñez Feijóo no será hasta el 26 y 27 de septiembre. Esto dificulta un acuerdo para determinar si el Estado participará o no en el nuevo organismo que debería estar definido antes de finalizar el año.