El presidente de la Diputación, Toni Gaspar. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. A nadie escapa que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, está ejerciendo su papel como máxima autoridad en la gestión de la crisis contra el coronavirus. La centralización de los anuncios y medidas está siendo la característica principal de una estrategia presidencialista para afrontar la crisis, algo que, como ya ha informado este diario, no ha pasado desapercibido en el principal socio de gobierno, Compromís.
Ahora bien, eso no quita que otras instituciones no puedan -o deban- tener parte de protagonismo o actividad ante la irrupción de la pandemia. No son pocos los alcaldes, incluso socialistas, que vienen mostrando internamente cierto malestar con lo que consideran una "falta de iniciativa política" en la Diputación de Valencia presidida por su compañero de partido, Toni Gaspar.
Desde que estallara la crisis en marzo, varios alcaldes consultados por este diario se quejan de que no exista una comunicación continua y fluida con la corporación provincial, una institución con suficiencia financiera y encargada además de velar por los intereses de los municipios principalmente de menor tamaño.
La ausencia de reuniones, proximidad y las pocas medidas concretas para los alcaldes está propiciando que se extiendan los nervios los representantes municipales, que se ven impotentes para gestionar las tensiones vecinales que están surgiendo con la expansión de las pandemias.
Tampoco es que la actividad institucional esté siendo demasiado alta. A día de hoy no se ha celebrado ninguna junta de gobierno, ninguna comisión y ningún pleno, si bien esta semana semana está previsto el primero. Más de un mes después de que se decretara el estado de alarma, mientras que en la Diputación de Castellón y en la de Alicante ya lo celebraron hace semanas.
En esta línea, no se aceptaron las anteriores propuestas del PP de celebrar un pleno extraordinario y una comisión de seguimiento de la situación. Hasta ahora, sólo se han llevado a cabo tres juntas de portavoces -la primera fue el 31 de marzo- en las que, según denuncia la oposición, se ha ofrecido muy poca información. En este sentido, desde el PP, cuyo grupo lidera Juan Ramón Adsuara, afirman sentirse "amordazados" por esta inactividad en la corporación provincial.
Resulta curioso comprobar que, en esta ocasión, algunas de las quejas de alcaldes socialistas coinciden con las críticas que emanan desde el PP, al afirmarse que los primeros ediles se sienten "desprotegidos" ante lo que consideran ante esta parsimonia en la actividad.
Desde la oposición critican que una de las pocas medidas impulsadas por la Diputación de Valencia fue la compra de 100.000 mascarillas formalizada el 20 de marzo, a la que prosiguió una modificación al alza del contrato -algo inusual- diez días después. De ese envío, hasta la última junta celebrada el 14 de abril, solo había llegado la mitad y su reparto también había causado ciertos rifirrafes, mientras que desde el PP lamentan que no se haya adquirido ningún otro tipo de material.
En esta línea, desde la formación popular se ha criticado que la Diputación no haya activado en todo el mes a los brigadistas de los que dispone para arrimar el hombro durante la pandemia, mientras ahora sí los va a movilizar para la campaña de quema de rastrojos.
Además, critican que no se haya activado, como sí se ha hecho en la Diputación de Alicante, la gestión para renunciar a los 15 millones de euros correspondientes al Impuesto de Actividades Económicas, una medida que, a juicio del PP, serviría para "aliviar" a las empresas valencianas.
Tampoco, insisten en la formación popular, se ha atendido la demanda de muchos alcaldes de, al menos en las localidades de mayor población, poder conocer los casos de contagios por coronavirus para optimizar las medidas de lucha contra la pandemia, si bien la Conselleria de Sanidad ha rechazado facilitar estos datos pese a que el propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se mostró favorable a proporcionarlos.
En la otra orilla, fuentes del grupo socialista de la Diputación, si bien admitieron que Gaspar está adoptando en el ámbito político "un perfil bajo", defendieron la gestión llevada a cabo en la corporación provincial, destacando que esta misma semana han inyectado 20 millones de euros en los ayuntamientos repartidos proporcionalmente según población, además de asegurar que otros 40 procedentes del fondo de cooperación local estarán a disposición de los consistorios a principios de mayo. Una inyección monetaria que, desde el PP insisten, ha sido un mero adelanto de lo que se iba a abonar más tarde dentro de este plan.
Además, las fuentes socialistas consultadas recalcaron que se había dado todo tipo de facilidades en el pago de impuestos como el fraccionamiento o el aplazamiento, y rechazaron la medida propuesta por el PP sobre el IAE, recordando que es un gravamen de competencia estatal, además de criticar la permanente reivindicación de la formación popular de rebajar impuestos.
Por otro lado, las fuentes socialistas consultadas admitieron que no se había celebrado ningún pleno hasta ahora para condensar todas las medidas en el que se celebrará la semana que viene, donde anunciarán además un plan de inversiones dotado de 70 millones de euros. "Será un pleno potente", subrayaron, para sacar pecho además con la llegada de las primeras 50.000 mascarillas -aseguraron que el segundo envío también ha llegado- y con la inversión de 400.000 euros en EPIs a través del fondo de contigencia.
