Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). Foto: KIKE TABERNERLa comisión de servicio suponía un incremento salarial de más de 2.000 euros al mes.
VALÈNCIA. La magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 24 de València, Ana María Mayor, trató de renunciar al refuerzo que tiene en su juzgado, de familia, para poder optar a una comisión de servicio sin relevación de funciones en la Sección Décima de la Audiencia Provincial, lo que implicaría un incremento salarial de más de 2.000 euros mensuales.
Los magistrados sin relevación de funciones cobran, según los jueces consultados, un 50 por ciento más de su nómina, lo que en la nómina de alguien que lleva casi 30 años en la carrera como es el caso de esta magistrada, superaría los 2.000 euros al mes.
Sin embargo, y ante las pretensiones de Mayor, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) ha emitido un acuerdo, al que ha tenido acceso Valencia Plaza, en el que no solo no le dan la comisión, sino que, además, le explican a la juez que el refuerzo no es de ella, sino del órgano en el que desempeña su trabajo.
Así, el acuerdo dice que para otorgar la plaza se ha tenido en cuenta la situación del órgano del que es titular, de entre los que están en a misma jurisdicción, "sin que pueda tenerse en consideración la renuncia realizada por la magistrada del Juzgado de Primera Instancia 24 Ana María mayor, respecto del refuerzo transversal del juzgado de Familia del que es titular, por cuanto que el refuerzo es del órgano judicial y no del magistrado".
Finalmente, la Sala de Gobierno del TSJCV ha decidido otorgar la plaza de refuerzo a su compañero Salvador Martínez Carrión, actualmente magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia Número 3 de València.
Según los abogados de familia consultados por este periódico, y que prefieren permanecer en el anonimato para evitar represalias, no comprenden que un magistrado renuncie al refuerzo con la saturación que actualmente tiene la jurisdicción.
Las fuentes aseguran que, "las causas con contencioso estaban tardando, de media y antes de la pandemia, seis meses en ser señalados, la mitad si existen medidas provisionales. Faltan jueces, por tanto, no es comprensible que se renuncie al refuerzo en una jurisdicción ya muy saturada de por sí solo para poder optar a otra plaza. Ahora, además, con el confinamiento aun se entiende menos, pues asuntos que se señalaban a 15 días se van a tres meses".
Los problemas con los refuerzos no son, ni mucho menos, una novedad en la Justicia Valenciana. Histórica fue la bronca en Lo Mercantil cuando se decidió que los repartos de los concursos los harían los magistrados de refuerzo en lugar de los titulares.
En aquella ocasión la tensión llegó a tal extremo que en una junta de magistrados de esta jurisdicción se llegó a votar quitar los refuerzos. Dos de los tres titulares votaron a favor, mientras que la tercera magistrada y el entonces juez decano Pedro Viguer votaron en contra. Los refuerzos no pudieron votar por decisión de los titulares que querían echarlos.
Finalmente tuvo que ser la Sala de Gobierno, al igual que en esta ocasión, la que decantara la balanza a favor de seguir con los magistrados de refuerzo en una jurisdicción, Lo Mercantil, que estaba sobrepasada por los asuntos procedentes de la anterior crisis económica.
