El exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, en los juzgados. Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. La Diputación de Valencia ha aprobado la asignación de una productividad de 600 euros mensuales a un funcionario para administrar una empresa del que fuera gerente de Imelsa, Marcos Benavent. Lo hará mientras dure la intervención ordenada por el juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, encargado del conocido del caso Taula.
El 12 de julio de 2017, el juez requirió el nombramiento de administradores judiciales de Spartaky Sinergias. La corporación provincial propuso a los interventores y el juzgado los aceptó, pero uno de ellos comunicó su renuncia a continuar en el cargo en abril de 2018, de modo que quedó la otra como administradora única.
Sin embargo, esta última se encuentra actualmente en una excedencia voluntaria de la Diputación, circunstancia que fue comunicada al juzgado en mayo de 2022. El magistrado solicitó entonces el nombramiento de un nuevo administrador judicial, de modo que el pasado octubre, mediante otro decreto, la corporación provincial propuso al jefe de Sección de Fiscalización.
El presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, solicitó en aquel momento que se le asignara un complemento de productividad de 600 euros mensuales desde octubre de 2022 hasta el momento en que cese en el cargo. Algo que justificó en que ser administrador judicial es "una actividad extraordinaria que supone una responsabilidad, dedicación, especialización y funciones diferentes y añadidas a las propias del puesto al que está adscrito" el funcionario.
Ahora, la corporación provincial lo ha aprobado. En el decreto, explica que la apreciación de la productividad "se realiza en función de circunstancias objetivas directamente relacionadas con el desempeño de las funciones". Las cuales, incide, "son extraordinarias y temporales, suponiendo una mayor dedicación del funcionario" y exigen "un esfuerzo que excede de las suyas propias". El importe que se ha establecido es el de los 600 euros mensuales.
El decreto expone que la regulación de esta productividad del personal empleado público de la Diputación de Valencia (funcionarial y laboral) se hizo de acuerdo a los criterios generales establecidos por acuerdo del pleno de la corporación. También que, según el informe de la Intervención, existe consignación presupuestaria suficiente para poder atender este gasto y no se supera la cantidad global del Presupuesto General de la Diputación para 2023.
Spartaky era una empresa de energías renovables propiedad de Marcos Benavent y cuyo administrador era José Estarlich, considerado testaferro del primero por los investigadores del caso Taula. El juzgado ordenó en su momento, a petición de la Fiscalía, la intervención judicial de la sociedad ante los indicios de que el capital con el que fue constituida procedía de una actividad ilícita del exgerente de Imelsa. Anticorrupción cree que fue un instrumento y cauce para presunto blanqueo de capitales.
