Un gerente de la UCV dijo ante la jueza que habló con Grau para el hospital a petición del arzobispo

VALÈNCIA. La jueza encargada del caso Azud ha decidido archivar la investigación para un total de ocho personas. Entre ellas, el exgerente de la Universidad Católica San Vicente Mártir de Valencia Juan Morote. La magistrada, al igual que respecto al resto, no ve probada su participación en los hechos que figuran en la pieza principal de esta instrucción, centrada en una presunta trama de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas de diversos proyectos, mayoritariamente urbanísticos, en varias administraciones de la Comunitat Valenciana durante 15 años. Empresarios y políticos del PP y del PSPV, además de empresarios, habrían participado en ella y se apunta a los posibles delitos de tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, asociación ilícita y organización criminal.

Uno de los principales investigados es el abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de València Rita Barberá. Los investigadores creen que podría haber cobrado comisiones procedentes de contratistas del Ayuntamiento desde 2006. Una suerte de peaje por su influencia en el consistorio para conseguir o mediar en adjudicaciones y que habrían servido para lucro personal.

La supuesta y ya descartada implicación de Juan Morote venía por diversos hechos relacionados con Corbín. De un lado, explica la jueza, los pagos efectuados por la entidad Inverso –de la cual era miembro del Consejo de Administración en representación de la Fundación de la Universidad Católica de Valencia– al despacho de Corbín. El motivo eran los presuntos trabajos realizados como consecuencia del contrato de prestación de servicios profesionales suscrito en julio de 2010. 

Por otro lado, se encontraba su grado de participación, en connivencia con el empresario Jaime Febrer, en la redacción de las bases del concurso, convocado por el Ayuntamiento de València, para la selección del proyecto de construcción de un hospital universitario privado –que nunca llegó a materializarse–. 

Por último, las indagaciones apuntaban a su relación con el exvicealcalde de la ciudad, Alfonso Grau. En concreto, por haberle facilitado, supuestamente, el recurso interpuesto por el grupo Nisa –de la competencia en el sector sanitario– ante el Servicio de Patrimonio del consistorio con motivo de este proyecto y el cual fue desestimado.

Morote, en su declaración ante la jueza, aseguró que nunca tuvo ninguna intervención en la parte jurídica del proyecto del hospital. Expuso, de este modo, que Jaime Febrer le dijo que de estos temas se ocupaba él personalmente, mientras que Morote se dedicaba a la parte técnica. La razón era, dijo, que requerían que el hospital tuviera vinculación con la universidad en relación con la investigación y no se tratara únicamente de un hospital asistencial.

El que fuera gerente de la UCV reconoció ante la jueza haber hablado con Grau por indicación del en ese momento arzobispo de Valencia, Carlos Osoro. Éste, señaló, le dijo que debía ponerse a las órdenes del exvicealcalde de la ciudad en todo este tema. En cuanto a Febrer, Morote destacó que lo conoció porque se lo presentó Grau como un empresario con mucha experiencia en el sector inmobiliario.

Del mismo modo, aseguró que no tuvo ninguna intervención personal ni en la redacción de las bases del concurso ni en las alegaciones posteriores sobre el recurso interpuesto por Nisa, limitándose a seguir en todo momento las indicaciones de Grau. Después de todo ello, la magistrada ha decidido sobreseer las actuaciones contra Morote al no ver acreditada su participación en los hechos.