Foto: EPVALÈNCIA (EP). Colectivos sociales como CCOO, UGT, la Plataforma Antidesahucios (PAH), sindicatos de inquilinos y organizaciones de consumidores y pensionistas han llevado este jueves al Congreso sus enmiendas a la Ley de Vivienda y con ellos ha estado también Unidas Podemos, la parte minoritaria del Gobierno de coalición autor del proyecto que se tramita en la Cámara.
Para presentar sus propuestas, que entre otras cosas buscan impedir los desahucios sin alternativa habitacional y endurecer la regulación contemplada para los precios del alquiler, estos colectivos han contado también con el apoyo de aliados parlamentarios del Ejecutivo como Esquerra Republicana, EH-Bildu, Más País-Equo, la CUP, el BNG y Compromís.
Según han informado desde las organizaciones sociales, formaciones como Unidas Podemos o Más País ya han registrado estas enmiendas, y están a la espera de tener la confirmación del resto. Por el momento, la Ley de Vivienda se encuentra en trámite de presentación de enmiendas, habiendo prorrogado la Mesa del Congreso el plazo una semana más.
Los colectivos sociales consideran que la propuesta del Ejecutivo "no garantiza el derecho a la vivienda", y exigen más ambición al PSOE para sacar adelante la regulación. "A día de hoy, no sería útil ni bajando los alquileres ni parando los desahucios", ha dicho Carmen Arcarazo, del Sindicat de Llogateres (Sindicato de inquilinas de Cataluña).
Paco Morote, de la PAH, ha destacado también cómo pese a las medidas excepcionales del llamado 'escudo social' entre 2020 y 2021 se registraron más de 57.000 desalojos, por lo que en sus enmiendas plantean oblihgar a los grandes tenedores a ofrecer alquiler social antes de iniciar cualquier procedimiento y hacer vinculantes las medidas cautelares del Comité DESC de Naciones Unidas.
Respecto a la regulación de precios del alquiler, los colectivos buscan que afecten a todos los pisos, no sólo a las viviendas en propiedad de entidades con más de diez inmuebles, facilitar la declaración de zonas tensionadas, aplicar la regulación en cuanto se apruebe la ley e incluir sanciones para castigar los incumplimientos.
Otras medidas planteadas son mecanismos de segunda oportunidad, como la dación en pago, la prohibición de cortes de suministros en hogares vulnerables, obligando a las empresas a consultar a servicios sociales y medidas para ampliar el parque público de vivienda, con la cesión obligatoria de vivienda vacía por parte de bancos y fondos de inversión y la recuperación de pisos de la Sareb, el llamado 'banco malo'.
"Es inaceptable que, con lista de espera de miles de demandantes para vivienda oficial, el Gobierno renuncie a incorporar las miles de vivienda de la Sareb", ha dicho Miguel Carrera, del movimiento Nadie Sin Hogar, tras considerar una "subvención a los especuladores inmobiliarios" medidas como los incentivos fiscales o los cheques para el pago del alquiler.
El portavoz de la PAH, Paco Morote, ha incidido en el apoyo de prácticamente todos los socios del Gobierno, incluyendo una de las formaciones del mismo, Unidas Podemos, pero no del PSOE, instando a esta formación a sumarse a estas propuestas: "Si no lo conseguimos dialogando con ellos, lo vamos a intentar presionándoles y haciendo movilizaciones", ha dicho.
Arcarazo, del Sindicat de Llogateres, ha incidido en que las formaciones que respaldan sus reivindicaciones son imprescindibles para aprobar la regulación, que cuenta con la oposición del PP, Vox y Ciudadanos, pero también del PNV, que defendió una enmienda a la totalidad de la ley. "Sin ellos es imposible tirar para adelante la ley", ha aseverado, antes de asegurar que, sin mejoras, tal y como está, "no vale la pena que sea aprobada".
En declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha saludado la presentación de enmiendas de los colectivos sociales, confirmando que el grupo confederal hace suyas sus reivindicaciones.
Así, ha puesto en valor sus propuestas para garantizar que no haya desahucios sin alternativa habitacional y asegurar que la regulación de los precios del alquiler es efectiva y realmente baja los precios. Echenique ha destacado que las formaciones de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, "no tienen mayoría absoluta" y espera que llegando a acuerdos "se pueda mejorar" la ley.
