Pilar Lima. Foto: ROBER SOLSONA/EPVALÈNCIA (EP). Unides Podem ha registrado en Les Corts una iniciativa firmada por todos los diputados en la que reclama el apoyo firme al trabajo de investigación de la Agencia Valenciana Antifraude en su lucha contra el fraude y la corrupción, así como garantizar la independencia y confidencialidad del trabajo que lleva a cabo como órgano independiente adscrito únicamente al parlamento valenciano.
Esta proposición no de ley (PNL) pretende recabar el compromiso de todos los grupos parlamentarios para que se respete la confidencialidad y se permita el trabajo de investigación en los expedientes en la lucha contra el fraude y la corrupción.
En 2016, Les Corts aprobaron la ley de creación de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana, a propuesta de Podem y con los votos a favor de todos los grupos excepto el PP.
Esta agencia es "pionera en toda España en materia de lucha contra la corrupción y pionera en solicitar el plan nacional contra la corrupción y su ley de acompañamiento, en implantar un canal de denuncias y en su ley de protección a denunciantes", defiende en un comunicado la síndica de UP, Pilar Lima.
También destaca que el trabajo de investigación de Antifraude es fundamental en la prevención y lucha contra "una lacra que ha dañado mucho la Comunitat Valenciana", por lo que critica que "precisamente los partidos que han conocido de cerca esa corrupción cuestionan y ponen en duda el trabajo de investigación".
"Cuestionar e impedir la confidencialidad de las investigaciones que se están llevando a cabo, y que probablemente pasen al ámbito judicial, es impedir igualmente la investigación no ya solo de la agencia, sino también de los propios juzgados donde el expediente pueda derivarse", advierte Estefania Blanes como portavoz adjunta.
Para UP, el hecho de dar publicidad y no respetar la confidencialidad ataca de lleno el trabajo de la Agencia, ya que la propia ley de creación establece que es una entidad adscrita a Les Corts, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar que actúa con independencia en el ejercicio de sus funciones de investigación.
Esta ley considera una serie de irregularidades: obstaculizar un procedimiento de investigación; incumplir las medidas de protección del denunciante; no comunicar los hechos que sean susceptibles de corrupción, fraude o ilegalidad; filtrar información; realizar una denuncia falsa.
