La Comisión recibirá a Jueces para la Democracia para interceder en la renovación del Poder Judicial

BRUSELAS. La Comisión Europea ha confirmado recepción de la carta de Juezas y Jueces para la Democracia (JpD), en la que esta  la asociación profesional de la judicatura pedía la intercesión del comisario de Justicia, Didier Reynders, para la renovación del Consejo General del Poder Judicial en España (CGPJ), la tiempo que mostraba su preocupación. Al parecer, ya habría una respuesta positiva para que el comisario se reúna con los representantes de esta asociación, que representa el ala progresista de la magistratura española.

La falta de acuerdo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la oposición liderada por Pablo Casado, por el PP, ha prorrogado la situación de interinidad de esta institución desde 2018. El incumplimiento del mandato constitucional para su renovación cada cinco años podría provocar el incumplimiento de las normas del Estado de Derecho, indispensables para la recepción de los fondos europeos post-pandemia EU Next Generation y, en concreto de los 9.000 millones de prefinanciación, que suponen un 13% del total de fondos asignados, y cuya recepción se producirá en breve. 

A preguntas de Valencia Plaza, la Comisión ha expresado también su preocupación por la paralización de la renovación del CGPJ, el órgano de gobierno de los jueces, en oposición a lo que establece la Constitución Española. El acuerdo de refinanciación del Plan de Recuperación y Resiliencia EU Next Generation presenta unos requisitos de condicionalidad, entre los que figuran el respeto al Estado de Derecho, como es la independencia judicial. En estos momentos, España está pendiente de recibir el 13% de la refinanciación de los fondos europeos post-pandemia.

Un desafío para España

En este sentido, el informe sobre el Estado de Derecho de 2021 de la UE publicado el 20 de julio, en su capítulo de país, sobre la situación en España comienza por referirse al sistema de justicia español como uno de los “desafíos” con los que se encuentra, ante la necesidad de renovar el órgano de control de los jueces. En particular, explica el informe, “la falta de renovación del Consejo del Poder Judicial persiste ante la falta de un acuerdo en el Parlamento para renovar varios órganos constitucionales”.

A continuación, el texto recuerda como positiva la reciente “retirada de una propuesta de reforma del sistema para la selección de sus jueces-miembros”. Para el comisario Justicia, Didier Reynders, que firma este informe, esta reforma “habría aumentado la percepción del Consejo como vulnerable a la politización”. Por ello, hace un “llamamiento para establecer un sistema de elección de los jueces-miembros del Consejo por sus pares de acuerdo con las normas europeas”. Y añade que “es importante que se consulte a todas las partes interesadas”, como un toque de atención al PP en la oposición que, hasta ahora, se ha negado a negociar con el Gobierno la renovación del CGPJ.

En este sentido se explica JpD, cuando se dirige por carta a Reynders trasladándole la preocupación de que, desde el 4 de diciembre de 2018, el Parlamento Español no ha renovado el Consejo, pese a que la judicatura ha propuesto 36 candidaturas para que se designen 12 vocales de procedencia judicial. E insiste en el “deterioro institucional que supone esta situación”.

En su carta, JpD señala directamente al Partido Popular, como responsable de esta situación de paralización de la institución, porque “boicotea sistemáticamente todos los acuerdos y se niega a adoptar otros por intereses electorales y partidistas”. Y añade una dura acusación contra el PP explicando que este partido impide el acuerdo, esgrimiendo “diversas excusas que van desde el veto a que participen en la negociación algunos grupos parlamentarios, la presencia como vocales de jueces que condenaron a dicho partido por corrupción, la reforma del sistema de elección y, en la actualidad, unos indultos decididos por el gobierno”.

Acusación al PP

JpD al PP termina su carta solicitando al comisario de Justicia “una reunión para exponerle personalmente esta situación”. También le piden que interceda, dirigiéndose "a las instituciones nacionales y al propio Sr. Casado (sic), como líder del Partido Popular, para reclamar un cambio de actitud, talante democrático y respeto a las instituciones constitucionales”.

 La Comisión Europea, por su parte, reconoció que en breve se aprobaría la refinanciación del 13% de los fondos, sujetos a la condicionalidad que figura en el acuerdo con España. Entre las condiciones a cumplir, explicó la portavoz, está el cumplimiento de las reformas acordadas en educación, pensiones, modernización de la Administración Pública, mercado laboral y sistema fiscal. Además, el Reglamento de condicionalidad de la recepción de fondos, que entró en vigor en enero pasado, establece en su artículo 1 la protección del presupuesto de la UE en caso de “vulneración de los principios del Estado de Derecho en los Estados miembros”. Ello implica una tutela judicial efectiva, ejercida por “órganos judiciales independientes”, que es lo que se dirime en la renovación del Poder Judicial.