El Consell ratifica el informe final de la Inspección General de Servicios del ejercicio 2020-2021

VALÈNCIA (VP). El Pleno del Consell ha ratificado el informe final de la Inspección General de Servicios (IGS) correspondiente al ejercicio 2020/2021 en el que se da cuenta de los recursos asignados para su despliegue, los criterios metodológicos de evaluación y los resultados alcanzados, junto al detalle del grado de cumplimiento del plan para estos dos años, la acción inspectora y los resultados alcanzados derivados tanto del inicio de su actividad como de la implantación del sistema de alertas.

El informe concluye que el porcentaje de ejecución del Plan IGS 2020-2021 ha sido del 87%, ya que la situación de pandemia a causa de la covid-19 obligó a posponer algunas actuaciones inicialmente previstas.

No obstante, entre las actuaciones ordinarias de inspección y control realizadas, se llevó a cabo un diagnóstico de situación y un análisis comparativo del sistema para la evaluación del desempeño del personal de la administración de la Generalitat y la elaboración de unas directrices comunes sobre los planes de control en las subvenciones por concurrencia competitiva.

También se realizó una evaluación del grado de utilización de las aplicaciones corporativas disponibles en la Generalitat y el proceso de atención de demandas de necesidades en relación con los aplicativos; la elaboración de directrices sobre el contenido y formulación de planes y programas y un análisis del proceso de contratación en la Administración de la Generalitat.

En el ámbito de las actuaciones extraordinarias, se han ejecutado un total de seis actuaciones. De ellas, cuatro afectaban a los departamentos de Justicia (sobre presuntas incompatibilidades de personal, depósitos judiciales, la Ciudad de la Justicia de Castellón y espectáculos), una de Agricultura (sobre el centro de limpieza y desinfección de un matadero) y una en materia de puertos (sobre gestión de tarifas y tasas portuarias).

Además, durante los ejercicios 2020 y 2021 se han presentado y atendido un total de 298 denuncias por presuntas irregularidades o infracciones a la legalidad en el ámbito de la Generalitat y su sector público instrumental, 16 de las cuáles lo fueron por acoso laboral.

Por otra parte, se han atendido y tramitado un total de 147 quejas de segunda instancia, quejas presentadas ante la IGS por falta de respuesta a las quejas iniciales planteadas ante otros órganos de la Generalitat y su sector público instrumental.

Por último, la IGS ha continuado trabajando en la implantación del sistema para la detección de posibles irregularidades y malas prácticas administrativas (SALER). En este sentido se ha avanzado en la mejora de la utilización de la información existente en los sistemas de gestión de los procedimientos administrativos, así como de información externa obtenida de otras entidades y ámbitos.

Para ello se revisaron los procesos de carga de información desde la Plataforma de Contratación del Sector Público para mejorar la identificación de órganos de contratación; la integración de información de altos cargos y del registro de contratos a la base de datos para poder automatizar las consultas de posibles conflictos de intereses o relaciones entre empresas adjudicatarias.

Asimismo, se revisaron también la introducción de algoritmos de comparación aproximada de cadenas de texto para incorporar un factor porcentual al grado de coincidencia en la identificación de relaciones entre personas y entidades en la información del BORME y la utilización del BORME y la Base de Datos de Titularidades Reales del Consejo General del Notariado para identificar incompatibilidades y conflictos de intereses.