VALÈNCIA. La Agencia Valenciana Antifraude ha investigado al Ayuntamiento de Cortes de Pallás por la presunta contratación irregular de la exconcejal del Partido Popular Pilar Navarro bajo el mandato socialista de Fernando Navarro. Según ha confirmado en un informe, hay indicios que apuntan a que la plaza pública adjudicada se obtuvo en base a "irregularidades y vicios de nulidad de pleno de derecho en la tramitación".
La agencia inició su labor a raíz de una denuncia que acusaba al anterior alcalde, Fernando Navarro (PSPV), de haber creado un puesto de trabajo fijo para la entonces edil del PP con el fin de evitar que apoyase la coalición con Compromís. Justamente, fue esta unión la que desencadenó una moción de censura que le arrebató la vara de mando en 2020, dando como resultado la renuncia de los miembros de Compromís al partido y un gobierno de alternancia con el Partido Popular.
La moción se formalizó en septiembre, mientras que la contratación se llevó a cabo en agosto, cuando Pilar Navarro abandonó su cargo como segunda teniente alcalde y responsable de las áreas de Bienestar Social e Igualdad y Transparencia y Buen Gobierno. Tal y como confirma Antifraude, fue la única aspirante a ocupar la plaza para el puesto de Gestor de Contratación, grupo A1.
Además, una lista de factores refuerzan la teoría de que su selección no fue fruto de la casualidad. Entre ellos, la agencia destaca: "Las titulaciones obligatorias exigidas son perfectamente coincidentes con los aportados por la aspirante y son cursos específicos no relacionados con las funciones del puesto, evidenciando una posible desviación de poder". Asimismo, se valoraba como mérito estar empadronado en el municipio pese a que "son numerosas las sentencias que se pronuncian declarando nula su utilización".
Se han detectado a su vez deficiencias a la hora de presentar la oferta. Según se expone en el informe, la propuesta de creación del puesto se llevó a cabo después de la ejecución de la convocatoria. El cargo se basaba en un contrato de trabajo laboral temporal por obra y servicio, pero no se determinaron ni los servicios ni el plazo de duración, por lo que se ha planteado la posibilidad de haber realizado "una contratación indefinida encubierta en un contrato temporal por obra o servicio determinado, en claro fraude de ley".
Ante todos estos indicios, la exedil del PP ha presentado alegaciones mediante las que ha expresado su disconformidad, afirmando que no conocer la identidad de la persona denunciante le genera una "gran inquietud". También lamenta que se haya utilizado como pruebas artículos de prensa -una entrevista al alcalde en el diario.es- y asegura que todo se debe a "venganzas personales" porque "valorar titulaciones o conocimientos del territorio siempre ha sido válido en cualquier procedimiento".
Antifraude ha desestimado las alegaciones y ha realizado unas recomendaciones que el Ayuntamiento deberá tramitar. Primero, ha instado a la revisión de oficio del expediente de contratación para el cargo ocupado y ha solicitado al Ayuntamiento que proceda a la pública convocatoria para la cobertura definitiva del puesto de Gestor de Contratación, A1.
"Sus funciones corresponden con las propias del personal estatutario y con carácter permanente y estructural, habiendo realizado una contratación mediante un contrato temporal por obra o servicio determinado, en fraude de ley", indica. Además, ha urgido a proceder a instruir expedientes para valorar la exigencia de posibles responsabilidades de las autoridades y personal que hubiesen consentido la contratación laboral fraudulenta.
El Consistorio tendrá un plazo de tres meses para remitir un plan para dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas en el que estén detalladas las acciones, plazos y personas responsables de cada una de las actuaciones previstas.