Foto: EPVALÈNCIA. La Concejalía de Vivienda resolvió la semana pasada la convocatoria de ayudas al alquiler de 2022: en total, 2.829 personas presentaron la solicitud, de las cuales 1.063 quedaron excluidas por incumplir los requisitos, mientras otras 1.266 personas sí recibirían la subvención municipal. Ahora bien, otras 498 se quedaron sin ella a pesar de que también cumplían las condiciones que marcaban las bases porque no existe crédito suficiente en las arcas municipales para que la perciban.
El resultado fue un jarro de agua fría en el Ayuntamiento, para los solicitantes, y a su vez despertó críticas en los grupos de la oposición, PP y Ciudadanos, por no haber incrementado más el presupuesto destinado a este fin a pesar de las reiteradas peticiones de populares y naranjas en virtud de los antecedentes vividos en ediciones anteriores. En 2021, por ejemplo, la cifra de solicitudes registradas fue de 2.421, de las cuales 1.301 personas se vieron beneficiadas pero 230 quedaron excluidas por falta de dinero a pesar de cumplir los requisitos, y otras 884 por incumplirlos.
Con este telón de fondo, este lunes el PP llevó a la comisión de Desarrollo Urbano una moción para que PSPV y Compromís realizaran los "trámites administrativos" necesarios para no dejar fuera de la convocatoria a cerca de 500 personas. Un texto que el ejecutivo local rechazó, para impulsar otro alternativo para atender estas peticiones con fondos de otra administración: la de la Generalitat Valenciana.
El texto aprobado por socialistas y Compromís expone que la delegación de Vivienda "dará cobertura a las 450 personas excluidas de la convocatoria de ayudas al alquiler a través de las ayudas de emergencia habitacional subvencionadas por la Conselleria de Vivienda y hará modificaciones en la redacción de las normas que regulan la convocatoria de ayudas de alquiler del Ayuntamiento de València del año 2023 y sucesivas, porque se declaran ampliables en la cuantía necesaria para atender a todas aquellas solicitudes que reúnan los requisitos de la convocatoria".
Respecto a esto último, cabe apuntar que la Concejalía que dirige Isa Lozano ya avanzó el pasado fin de semana que propondría a la Junta de Gobierno Local que se ampliase la convocatoria de 2023 de los 2,4 millones de euros actuales a los 3 millones de euros en la primera modificación de crédito que se realice. Además, en las bases se especificará que el crédito será ampliable hasta un máximo de 4 millones de euros para "tratar de cubrir toda la demanda que cumpla los requisitos".
Sin embargo, el consistorio tendrá más complicado hacer realidad la primera parte de su compromiso. En la Conselleria de Vivienda que dirige Héctor Illueca (Podem) aseguran que los servicios municipales no se han puesto en contacto con ellos para que se hagan cargo de este coste. Y subrayan, de hecho, que las ayudas de emergencia habitacional tienen unas particularidades muy concretas fijadas en las bases del decreto 104/2022.
"Las ayudas de emergencia habitacional son para ofrecer una solución inmediata o bien cediendo un alojamiento, o pagando una cuota de alquiler. Pero esto se concede cuando confluyen situaciones de riesgo, causas sobrevenidas: cuando se trata de personas sin hogar, desahucios, impagos, ejecuciones hipotecarias...", explican. "Es decir, aportar soluciones para que no estén en la calle", concluyen desde la Conselleria.
Unas circunstancias que no son las que se contemplaban en la convocatoria de ayudas municipales al alquiler, dirigidas al grueso de la población como medida para aplacar el aumento de los precios (si bien esta lleva en marcha varios ejercicios). No en vano, el crecimiento en el precio de las hipotecas y la subida del euríbor ha complicado el mercado inmobiliario tanto para la compra de viviendas como para el alquiler.
Con el montante de la ayuda municipal, el Ayuntamiento sufraga el 40% del alquiler anual de las familias beneficiarias, y solo pueden optar aquellos que paguen hasta 700 euros al mes de alquiler -hasta la última edición, el límite eran los 600 euros-. Sin embargo, estas ayudas son genéricas, a diferencia de las diseñadas por la Conselleria de Vivienda que dirige Illueca, que van dirigidas a un sector de la población muy concreto.
Tras la comisión de Urbanismo de este lunes, la portavoz del PP, María José Catalá, criticó la "falta de sensibilidad" de Compromís y PSPV por "tener 300 millones de euros en los bancos y no dignarse a rescatar a las casi 500 familias que cumpliendo con todos los requisitos se han quedado sin ayudas". Además, el concejal popular Juan Giner alertó que la Generalitat también ha excluido a personas que cumplían los requisitos por falta de respuesta, por lo que a su juicio tampoco se está dando "una solución a estas familias".
En la misma línea que el PP, el portavoz de Cs Fernando Giner aseguró que su grupo ya había advertido que las ayudas se quedaban "cortas" y eran "insuficientes". "Para 2023 volvieron a poner 2,4 millones de euros y ahora tienen que salir a enmendarse a sí mismos al ver el desastre que han provocado con las ayudas al alquiler", subrayó el concejal.
