Marcos Benavent, a las puertas de los juzgados. Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. La Fiscalía ha defendido este martes los audios que dieron origen al caso Taula frente a los intentos de Marcos Benavent de anularlos. El representante del Ministerio Público ha centrado una parte importante de la exposición de su informe en el primer juicio de la macrocausa a remarcar que las grabaciones no han sido manipuladas, como así había afirmado el exgerente de la empresa pública Imelsa tras cambiar de estrategia judicial –que hasta ahora era de colaboración–.
"No hay otros audios además de los aportados por Mariano López (exsuegro de Benavent) y por Rosa Pérez (exdiputada provincial de Esquerra Unida y actual consellera de Transparencia). El primero lo único que hizo fue acudir a la fuente de la prueba. Se le tomó declaración. Su pen fue entregado a la Guardia Civil precintado. El hecho de que se precintase y volcase no significa que existan otros audios. Lo realmente relevante es la existencia de unas únicos grabaciones con independencia del soporte. No se ha probado que haya otras", ha indicado.
Anticorrupción ha destacado que a Marcos Benavent se le fueron poniendo los audios durante la fase de instrucción y "nunca manifestó" que no se correspondieran con lo grabado. "Él explica que realiza estas grabaciones porque quería tener una especie de seguro de vida. En ningún caso manifiesta que haya habido manipulación en sede judicial", ha señalado.
"No existe ningún corta pega de las grabaciones"
Así, ha insistido en que "no existe ningún corta pega" de las grabaciones como dijo el exgerente de Imelsa ni tampoco hay "afectación al derecho a la intimidad". Igualmente, ha defendido la licitud de las grabaciones y ha comentado que "ninguna de las defensas ha dicho que haya otras".
En cuanto a la cuasi prescripción pedida por la defensa de Benavent, ha explicado que no se puede aplicar a este procedimiento porque el hecho de que los delitos se descubrieran más tarde no hace que haya un lapso de tiempo que dependa de los investigadores: "En esta pieza no ha habido lentitud. Lo relevante en las dilaciones indebidas es el lapso de tiempo judicial desde que se inicia el procedimiento judicial. Algo que no se cumple aquí".
En esta pieza separada se juzgan tres operativas en el centro de las cuales se encuentra la empresa Thematica Events, administrada por Rafael García Barat, pero tras la cual –según los investigadores– se encontraba Marcos Benavent, quien, desde su puesto como gerente de la empresa pública Imelsa, la habría utilizado para beneficio propio mediante el logro de adjudicaciones de forma fraudulenta.
De un lado, aparece el pago de campañas electorales del PP. Fiscalía y juez creen que en los comicios municipales de 2007, Thematica realizó trabajos de campaña para Juan José Medina en Moncada por importe de 11.782 euros que, en realidad, habrían sido abonados por Imelsa a través de elevar costes ficticios en la facturación real con la empresa. De lo cual tendría conocimiento el candidato. Lo mismo habría ocurrido en el caso del actual diputado nacional Vicente Betoret cuando también ese año se presentó a la alcaldía de Vilamarxant. Los gastos de la empresa ascendieron aquí a 8.147 euros. Sin embargo, contra él que no se dirige acusación al estar los hechos prescritos.
Thematica se encargó igualmente de trabajos para el partido en las generales de 2008 por importe de 27.900 euros, cuyo coordinador de campaña era nuevamente Medina. Éstos no fueron declarados y se habrían satisfecho con fondos de Imelsa a través de facturación con cargos que no responderían a los trabajos efectivamente realizados ni al coste real.
El representante del Ministerio Fiscal ha afirmado que Juan José Medina es una pieza clave en las elecciones de 2007 y 2008. "No es casualidad que los gastos puestos en cuestión sean en Vilamarxant y Moncada porque hay una unidad de voluntades con Vicente Betoret, que ahora reniega de su relación con Benavent, con Alfonso Rus y con Juan José Medina", ha apuntado.
Para Anticorrupción, lo que parece claro "es que la fiesta no la paga el PP". "Existen muchos indicios de que los pagos los realiza Imelsa. Los hicieron los empresarios. La Guardia Civil comprueba que las facturas de los servicios prestados se pagan con posterioridad. No hay expediente ni contrato", ha señalado.
Al margen de las campañas electorales, esta pieza de la causa incluye los supuestos amaños en adjudicaciones, con contratos dados de forma discrecional tanto desde el Ayuntamiento de València para el Bibliobus –una iniciativa de biblioteca itinerante durante el verano–, como para 'Metamorphosis', un espectáculo audiovisual encuadrado entre las acciones que, por parte de Imelsa en colaboración con el Museo Valenciano de Ilustración y Modernidad (MuVIM), se llevaron a cabo para la promoción del año internacional de los bosques.
En opinión de la Fiscalía, aquí existen "actuaciones concertadas para sustraer o consentir que otros sustraigan". Motivo por el que ha acusado a García Barat de presentar facturas falsas porque "así las solía solicitar". Aquí, ha remarcado que hubo una "facturación simulada con sobrecostes, sin control en las facturas ni ningún tipo de dirección financiera".
El último de los hechos que se describen en esta pieza es el posible desvío de fondos de Imelsa a través de la entidad Berceo, considerada meramente instrumental para presunto blanqueo de dinero. Anticorrupción ha hecho hincapié en que todos los ingresos de esta sociedad provenían del dinero desviado de Imelsa por parte de Benavent.
En cuanto al papel del PP, que se sienta en el banquillo como responsable civil subsidiario junto a otras empresas, la Fiscalía lo ha justificado en que los gastos electorales se realizan en beneficio del partido y es el momento de que los abone.
