El PSPV propone a Catalá aplicar un recargo del IBI del 50% a los propietarios de viviendas vacías

VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València se ha fijado dos retos prioritarios para este año: la vivienda y la Capitalidad Verde Europea. Así lo confirmó la propia alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, en el desayuno de Nueva Economía Fórum de la semana pasada, consciente de que la falta de vivienda de obra nueva en València es uno de los principales factores que está propiciando la subida generalizada de precios en la mayoría de distritos en la ciudad y expulsando a muchas familias de la posibilidad de acceder a un inmueble. El principal motivo de la parálisis en la construcción de nuevas promociones se debe a la subida de costes y la falta de suelo, lo que ha llevado a muchas compañías a estar en una posición de espera. 

Con estos mimbres, la primera edil anunció que la concejalía de Desarrollo Urbano ultima actualmente el pliego para la construir 500 viviendas públicas en régimen de alquiler en Malilla, Nou Moles, Russafa, Pedanies Nord y Pedanies Sur. Además, al finalizar el primer trimestre del año el Ayuntamiento de Valencia estará gestionando proyectos para la construcción de 846 viviendas de protección pública. 

Dos anuncios que se emborronaron de alguna forma días después al trascender que los gestores actuales no habían renovado la bonificación establecida en los alquileres de la empresa municipal Aumsa de las que se beneficiaban más de medio millar de personas. Circunstancia que ha provocado que algunas familias hayan visto incrementado su alquiler en más de 100 euros al mes. Una medida que supone un importante impacto económico en el bolsillo de la mayoría de ellas y que los partidos de la oposición, PSPV y Compromís, buscan revertir en la próxima comisión de Hacienda y, más tarde, en el pleno municipal. 

Ahora bien, no será la única. Los socialistas propusieron este miércoles a Catalá una serie de cambios para que se penalice a aquellos propietarios que tienen viviendas vacías en el contexto actual, cuando hay falta de pisos que sacar al alquiler asequible. Una iniciativa que, no obstante, cabe apuntar que tendría pocas opciones de salir adelante dado que choca frontalmente con la rebaja fiscal acometida por el gobierno municipal el pasado mes de diciembre y que, por tanto, supondría autoenmendar la propia gestión. 

En concreto, el concejal del PSPV Borja Sanjuán puso encima de la mesa que la rebaja del IBI que supondrá que los valencianos paguen 70 millones de euros menos en 2024 se ha acometido de forma desigual, pero, además, a quien más va a beneficiar es a aquellos grandes tenedores, que podrán ahorrarse el pago de miles de euros. "Hay un efecto pernicioso, que es que aquellos fondos que acumulan viviendas vacías en València para especular, al final acaban siendo los grandes beneficiarios de la bajada del IBI porque pueden estar ahorrándose 4.000 euros al año", aseguró.

Por ello, los socialistas proponen a Catalá que ponga en marcha una medida que ya idearon ellos cuando gobernaban en el Ayuntamiento: aplicar un recargo del IBI a aquellos propietarios que mantengan viviendas vacías. En concreto, del 50% si pasan dos años desde que se declara desocupada. Y si transcurrido un plazo de tres años continúan estando deshabitadas, el recargo alcance el 100%. "Que paguen el doble de impuestos que aquellos que pagan IBI para vivir en su vivienda, y no para especular", resumió el exconcejal de Hacienda del Ayuntamiento de València. 

En este sentido, el PSPV también quiere que el Ayuntamiento de València inste al Consell -gobernado también por la coalición de PP y Vox- que "acelere el régimen de declaración de viviendas desocupadas y su comunicación a los distintos ayuntamientos para poder aplicar los recargos previstos". No en vano, los socialistas sospechan que el registro de viviendas deshabitadas que puso en marcha el gobierno del Botànic ha quedado paralizado y el actual ejecutivo no está actualizándolo.  

La Conselleria de Vivienda que gestionaba Podem con Héctor Illueca al frente puso en marcha este registro para conocer cuántas viviendas tenía en desuso con el fin de poder movilizarla al mercado del alquiler asequible. No obstante, la decisión final sobre el uso del inmueble quedaba en manos de sus propietarios y algunos preferían someterse a las sanciones que imponía la norma y mantenerlos vacíos antes movilizarlos en el mercado.