El Consejo General de Economistas presentan el estudio “Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2022”. - Foto: CGE VALÈNCIA. (EP) Madrid es la comunidad autónoma que, con carácter general, cuenta con los tipos más bajos en el Impuesto de la Renta de Personas Físicas (IRPF) y por tanto se convierte en la región donde menos se pagaría por este tributo, frente a los más elevados que presentan Cataluña o la Comunitat Valenciana.
Así se desprende del informe sobre el panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2022 en el que el Registro de Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas compara la tributación en renta, patrimonio, sucesiones y donaciones y transmisiones patrimoniales por comunidades autónomas.
Cabe recordar que la Comunidad de Madrid aprobó de cara a 2022 una bajada de medio punto en todos los tramos del Impuesto de las Personas Físicas (IRPF) y la eliminación de todos los impuestos propios de la región.
Como ejemplo, los economistas han señalado que la diferencia a pagar entre Madrid y Cataluña por parte de un ciudadano con una renta media de 30.000 euros sería de 358 euros. Si esa renta es de 110.000 euros, la diferencia entre Madrid y Comunitat Valenciana es de casi 3.000 euros y para una renta muy alta, de 300.000 euros, la distancia entre estas dos comunidades es de 18.000 euros.
Para realizar esta comparativa de la tributación en el IRPF por comunidades, los economistas han partido de un contribuyente soltero y sin hijos con edad inferior a 65 años y sin discapacidad ni ninguna otra circunstancia personal que pudiera darle derecho a deducción estatal o autonómica. No obtiene renta alguna diferente a la que proviene del trabajo personal, cuyo único gasto es el de la Seguridad Social, y se le aplica la correspondiente reducción por rentas del trabajo.
Los economistas han explicado las principales novedades de 2022 respecto al ejercicio anterior, destacando que cuatro comunidades, además de los territorios forales, han modificado sus tarifas del IRPF y Cataluña las ha retocado. De su lado, bajan Patrimonio Andalucía y Galicia; Castilla y León casi libera de tributar por Sucesiones y Donaciones a los familiares cercanos; y en Transmisiones Patrimoniales se bajan los tipos en Andalucía y Galicia.
Sobre esto, el presidente del REAF, Agustín Fernández, ha señalado que en muchas comunidades se presta una especial atención a la despoblación y se intenta paliar con incentivos fiscales muy diferentes, "a veces de poca entidad y de difícil gestión", fundamentalmente a través de deducciones en el tramo autonómico del IRPF.
Como consecuencia del alza de la inflación, los economistas asesores fiscales reclaman que se deflacten las tarifas del IRPF, estatal y autonómicas, de territorio común, y que se actualicen otros parámetros como dietas y gastos de kilometraje.
En concreto, en IRPF rebajan sus tarifas Andalucía, Galicia, Madrid y Región de Murcia, mientras que los territorios forales del País Vasco y Navarra las deflactan al 1,5% y 2%, respectivamente. Cataluña rebaja los tramos inferiores de la tarifa e incrementa levemente los medios.
En cuanto al Impuesto de Patrimonio, lo más relevante es la rebaja de la tarifa en Andalucía y el establecimiento de una bonificación del 25% en Galicia, mientras que en Sucesiones y Donaciones destaca la rebaja en Andalucía de la tarifa con efectos en grupo III y IV, bonificación del 99% en Castilla y León y bonificación del 99% en la Región de Murcia, pero solo para las donaciones al grupo III -grupos I y II ya estaban bonificados en ambas modalidades-.
Por último, en Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en Andalucía se pasa de una escala a un tipo mínimo más pequeño (7%), se baja el tipo en Galicia, y Baleares incrementa un 0,5% al tipo marginal máximo de Transmisiones.
Con todo, se puede concluir que la tendencia marcada por las comunidades autónomas en general de cara a esta año ha sido de bajadas impositivas, a excepción de Cataluña, que ha abogado por rebajas fiscales a las rentas medias bajas al tiempo que subía las ligadas a las rentas altas.
El estudio apunta que los ingresos tributarios ligados a la financiación de las comunidades, en general, han evolucionado positivamente después de la crisis.
Esto ha sido así, especialmente, en los cedidos parcialmente como el IRPF y el IVA. En el caso de tributos cedidos totalmente, la cosa ha sido distinta por diferentes motivos: por su regulación -Patrimonio y Sucesiones y Donaciones -; o por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria -Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados-.
En el Impuesto sobre el Patrimonio se ha utilizado menos la capacidad normativa. Lo más relevante es la bonificación del 100% de Madrid y del 25% en Galicia, el establecimiento de mínimos exentos más bajos en Aragón, Cataluña, Extremadura y Comunitat Valenciana y, en cuanto a las tarifas, nueve comunidades de régimen común han establecido tarifas propias que se apartan de la estatal (0,2-3,5%).
El impuesto equivalente de los territorios forales origina unos importes a pagar que, en general, son comparativamente menores que en territorio común. En este sentido, el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, ha insistido en que se debería tomar la decisión de eliminar definitivamente el Impuesto sobre el Patrimonio y algunos hechos imponibles de la modalidad de Actos Jurídicos Documentados "que entorpecen el tráfico económico".
El Consejo General de Economistas ha advertido de que los impuestos propios de las comunidades representan solamente el 1,7% de la recaudación tributaria en 2020, por lo que siguen siendo una escasa fuente de financiación para las autonomías.
La recaudación por impuestos propios se ha reducido en 396,1 millones de euros en 2020 con respecto a 2019, lo cual supone un reflejo de los efectos de la pandemia en los ingresos de algunos de los impuestos.
Los ingresos por impuestos propios y por habitante eran en 2016 de 47,9 euros y esta cantidad se ha reducido en 2020 hasta los 45,8 euros, con diferencias muy notables entre autonomías. Como ejemplo, mientras en Baleares los impuestos propios suponen 115,9 euros, en Castilla-La Mancha no llegan a los 5 euros y en Madrid no superan el euro por habitante.
"Seguimos en la jungla de impuestos propios que llevamos años advirtiendo y todavía no ha sido resuelta", ha lamentado la directora de la Cátedra de Hacienda Territorial en la Universidad de Murcia, María José Portillo.
Los tributos relacionados con el medio ambiente suponen, en 2020, el 73,3% de la recaudación por tributos propios de las autonomías, siendo el agua la principal fuente de gravamen de este tipo de tributación.
Por su parte, los impuestos sobre residuos suponen solamente el 2,1% de la recaudación por impuestos propios y los impuestos sobre emisión de gases, el 4,2%.
Los economistas creen que sería conveniente un patrón común para el establecimiento de tributos que gravan el mismo objeto imponible, pues cada autonomía establece el impuesto de un modo diferente, en muchos casos para acabar gravando el mismo hecho imponible.
No obstante, el camino que parece que ha decidido recorrer el Estado pasa por la creación de impuestos estatales medioambientales --como el de los residuos o el plástico, que están en tramitación-- y la compensación a las autonomías que lo habían establecido con anterioridad.
