VALÈNCIA. Desde 31 millones de euros. Este es el precio de salida que la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha puesto a los 280.000 metros cuadrados de suelo que su filial Valencia Plataforma Intermodal (VPI) posee en Parc Sagunt en el concurso que está obligada a convocar para traspasar ese terreno. El consejo de VPI aprobó este martes los pliegos para deshacerse del suelo ante el interés de potenciales compradores como Mercadona, que ya ha comenzado a construir el que será su mayor bloque logístico en España en un terreno anexo de 350.000 metros cuadrados.
Nueve meses después de que Aurelio Martínez presidente de la APV, anunciase al menos dos inversores habían preguntado por el suelo, el proceso de venta arrancó formalmente este martes con la aprobación de las condiciones concretas de la operación, que próximamente se publicarán en el BOE.
Tal y como publicó este periódico, el suelo sale finalmente por el mismo precio que en su momento pagó la PAV por el mismo: 30,7 millones de euros más 300.000 por los gastos de notaría en los que incurrió VPI. La forma de pago será al contado.
Uno de los motivos del retraso en la convocatoria del concurso ha sido el pulso mantenido con la sociedad gestora de Parc Sagunt –participada al 50% por las Generalitat y el Estado a través de Sepides– sobre el destino de las potenciales plusvalías que podían generarse con la operación.
Finalmente, el dinero que sobrepase lo pagado por VPI se destinará a inversiones "acorde con el objeto social" de VPI y Parc Sagunt, que pactarán el uso de los fondos.
Las ofertas que se reciban se valorarán hasta en 60 puntos en la parte económica y hasta en 40 puntos en la técnica. En este segundo apartado se ponderarán cuatro asuntos con puntuaciones de 1 a 10. Se trata de cuestiones como el grado de relación de la actividad a desarrollar con los tráficos marítimos o la expectativa sobre la creación de empleo en la zona.
Así, para que se valore este apartado el aspirante deberá acreditar que sus planes para el suelo poseen interés portuario. En concreto, se exigirá que la actividad a desarrollar genere unos movimientos mínimos de 20.000 TEU o 200.000 toneladas al año. Otro aspecto que pesará es la incidencia de la actividad en Sagunto y en las áreas geográficas próximas, indicando expresamente los empleos que se crearán y las diferentes etapas estimadas para ello.
El plazo previsto para el inicio de la actividad y la memoria medioambiental –implantación de energías renovables en la instalación, minimizar la generación de residuos y el compromiso explícito de instalar un sistema de gestión energética certificado ISO 50001– son los otros dos aspectos que acabarán de definir la valoración de la parte técnica.
Además, se han establecido condiciones adicionales en los pliegos, como la obligación de que la industria o actividad a desempeñar en la parcela deberá comenzar en el plazo máximo de 4 años desde la firma de la escritura y mantenerse un mínimo de 3 años desde el inicio de la producción. Tampoco se podrá ni vender ni enajenar total o parcialmente el suelo en el plazo de tres años desde el inicio de la actividad.
El suelo que VPI se adjudicó por 30 millones está actualmente valorado en 25, pero la entidad ya ha provisionado en sus cuentas el ajuste de valor del terreno. De ellos, el Puerto desembolsó algo más de 6 millones en concepto de señal, pero el pago de los 24 restantes estaba congelado porque las obras del parque logístico quedaron paralizadas ante la baja demanda y la falta de liquidez.
El Puerto pagará la parte pendiente en el momento de la escritura de venta al nuevo propietario, de manera que no tendrá que adelantar el dinero.