VALÈNCIA. Recientes decisiones judiciales han obligado, y también interrumpido este tratamiento, a médicos intensivistas a la utilización de ozono en pacientes afectados por la COVID-19.
Ante estas decisiones, la Universitat de València manifiesta en un comunicado su apoyo y reconocimiento al personal sanitario. Entre este personal se encuentra, en la Comunitat Valenciana, profesorado universitario que desarrolla actividades asistenciales en centros sanitarios públicas.
Según subraya, la intervención judicial en la decisión sobre la aplicación de tratamientos que no cuentan con evidencias científicas de su efectividad supone una intromisión en la actividad sanitaria.
Así, expone que aunque la solicitud de la familia es humanamente comprensible en una situación de emergencia, no lo es la decisión judicial, que supone una injerencia en el funcionamiento del sistema sanitario y desprecia el conocimiento científico, la evidencia científica, las autorizaciones preceptivas de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) y el criterio del personal del servicio responsable de la atención al paciente.
La Universitat de València quiere destacar la falta de respaldo científico para la utilización del ozono como una alternativa segura y eficaz en el tratamiento de personas enfermas de Covid-19. Como recoge el comunicado de la Junta del Hospital Universitario de La Plana, citando a la Sociedad Valenciana de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias, “el uso del ozono en estos momentos no se considera una terapia segura y eficaz en los pacientes críticos afectos de Covid-19”. Según el informe del Observatorio de la Prescripción de la Organización Médica Colegial “los estudios disponibles no cuentan con rigor metodológico suficiente para concluir ni avalar los beneficios médicos de esta terapia para tratar la enfermedad COVID-19 grave”.
De esta forma, la institución condena categóricamente las terapias sin fundamento científico y recuerda el comunicado de la CRUE en febrero de este año: “las universidades no solo no podemos participar en actividad alguna que suponga un apoyo o difusión de estas terapias, sino que debemos condenar cualquier intento de utilizar nuestros campus para revestir de soporte científico a estas terapias sin base médica. Aprovechar la situación de emergencia sanitaria para el fomento, promoción, difusión, comercialización y utilización de pseudoterapias es especialmente reprobable por la confusión que extiende entre los ciudadanos y ciudadanas y por el daño que puede ocasionar, sobre todo, a las personas en situación de vulnerabilidad y, por tanto, más indefensas frente al fraude”.