Edificio de pisos turísticos en el barrio de Russafa. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El Ayuntamiento de València ya prepara la ordenanza de pisos turísticos anunciada hace más de un año y con la que quiere poner una piedra más en la regulación del sector en el Cap i Casal, después de incluir restricciones concretas en Planes Especiales de dos áreas: Ciutat Vella y Cabanyal. En esta nueva normativa municipal, introducirá la posibilidad del consistorio de obligar tanto a las plataformas digitales como a los dueños de pisos turísticos a ceder datos e información sobre el desarrollo de su actividad, como publicó Valencia Plaza.
Una herramienta cuyo fin se considera imprescindible en la administración: comprobar más fácilmente que las viviendas de uso turístico cumplen la legalidad y las reglas municipales, y forzar la eliminación de los anuncios de viviendas turísticas ilegales. Pero una herramienta, al fin y al cabo, que reviste cierta complejidad al tratarse del manejo de datos y que en otros enclaves ha generado cierto recelo en el sector, especialmente en las plataformas multinacionales. Hay diversos casos con los datos como protagonistas en los que ha habido reticencias, incluso algún que otro litigio fuera de España vencido por gigantes como Airbnb.
Quizá el caso más sonado y próximo en España es el del Ministerio de Hacienda, que obliga desde 2018 a las grandes operadoras como Airbnb a trasladar trimestralmente al Fisco estatal datos identificativos tanto de los anfitriones como de los huéspedes, así como de la vivienda alquilada, el tiempo de estancia y el dinero cobrado en cada transacción. El propósito en este caso era combatir el fraude fiscal en un mercado cuyo control es especialmente complicado.
En este caso la norma cayó mal entre los grandes operadores. Homeaway cuestionó las competencias del Estado para exigir datos personales a usuarios y propietarios de alquileres vacacionales. Pero Airbnb, la principal empresa intermediadora de pisos turísticos, fue más allá al negarse en rotundo a cumplir esta norma. Aunque la compañía norteamericana se mostraba abierta a fomentar el cumplimiento del pago de impuestos -elaboró una guía fiscal para sus usuarios-, rechazó ceder la detallada información que le requería Hacienda, escudándose en la directiva comunitaria de protección de datos.
Así, la firma esgrimía que las leyes de protección y privacidad de la Unión Europea eran muy estrictas en este sentido y subrayaba que sólo accedería a entregar datos de sus usuarios "en respuesta a una petición legal válida, en el contexto de un proceso legal válido". Se llegó a hablar de llevar la norma a los tribunales, pero finalmente las empresas cedieron y Airbnb elaboró incluso una herramienta para facilitar a sus usuarios el cumplimiento de la ley y la cesión de los datos requeridos. Lo que no obsta para que recientemente el Tribunal Supremo anulara la norma al no haber sido comunicada previamente a Bruselas, como es preceptivo en regulaciones de este tipo.
También Barcelona vivió otra batalla entre la empresa radicada en San Francisco a cuenta de los datos de los usuarios. Ante la permisividad que el equipo de gobierno liderado por Ada Colau detectó en la plataforma para con los apartamentos turísticos ilegales, exigió empezar a colaborar en materia de datos. Aquí la empresa mantuvo su 'no' hasta el final haciendo uso del mismo argumento: lo que requería el consistorio iba "contra la regulación de Bruselas, encarada a quitar barreras a la economía colaborativa", en palabras del director de Airbnb en España, Arnaldo Muñoz.
El consistorio de Barcelona amenazó a la mercantil con una multa de hasta 600.000 euros, y tras largas negociaciones alcanzaron un pacto bilateral según el cual el portal de reservas entregaría al consistorio barcelonés datos como el DNI, nombre y dirección de los propietarios de los apartamentos -eso sí, previo consentimiento de los mismos- con el fin de "verificar de una forma más fácil" quién cumple la normativa y quién no, eliminando así "potenciales malos actores".
Hay más casos fuera de España donde esta medida ha traído cola. Y quizá el más similar al de València es el de Nueva York, donde el Ayuntamiento aprobó una norma que contemplaba precisamente lo mismo que la de la ciudad mediterránea. Los problemas no tardaron en llegar con una demanda de Airbnb y Homeaway, que un juez federal tuvo en consideración y paralizó la normativa.
Consideraba el magistrado en 2018 que la corporación local neoyorkina no podía exigir datos sobre las casas alquiladas, así como otras informaciones personales de anfitriones y huéspedes. Han tenido que pasar dos años para que este verano, en 2020, el Ayuntamiento y la compañía alcanzaran un acuerdo para la retirada de la demanda. Finalmente, las empresas colaborarán y cederán estos registros de manera trimestral al ente local.
La historia en Dinamarca, por contra, fue mucho más fácil, por ejemplo. El Gobierno del país suscribió un acuerdo con la empresa en la que, a cambio de recabar datos de los usuarios de las plataformas, se les aplicaban rebajas fiscales. Un incentivo que facilitó las conversaciones para acabar convenciendo a la firma. Esta es, en realidad, la primera alianza de este tipo, con bonificaciones impositivas de por medio.
