Edificio en Gran Vía Marques del Turia. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La mejora del parque público de vivienda; planes de rehabilitación, renovación y regeneración y diferentes fórmulas para fomentar alquileres asequibles, son algunas de las propuestas electorales en materia de vivienda que recogen en sus programas los principales partidos que se presentan a los próximos comicios autonómicos del 28 de abril.
No obstante, cada uno de ellos dedica una especial atención a esta cuestión. Y es que mientras Unides Podem o PP tiene un capítulo expreso sobre este tema, PSPV, Cs y Compromís lo enmarcan dentro de servicios sociales o la “recuperación de derechos”.
En concreto, el PSPV detalla en su propuesta que impulsarán programas específicos de viviendas para jóvenes: 2.000 viviendas para jóvenes de hasta 35 años en régimen de alquiler asequible y 1.000 viviendas compartidas en régimen de alquiler para jóvenes universitarios. Además , crearán una unidad de emergencia de la vivienda para “garantizar soluciones habitacionales inmediatas tanto para personas en riesgo de exclusión como para personas que circunstancialmente lo necesiten”.
De igual modo, proponen avanzar en la transparencia e información de los procesos de alquiler y, para ello, implementarán políticas que permitan incentivar los precios asequibles en el mercado privado.
Desde Compromís plantean el desarrollo de la Ley para la Función Social de la Vivienda, aprobada esta legislatura en Les Corts, para “hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y acabar con los desahucios de las personas más vulnerables de la sociedad”. En esta línea, defienden una ampliación del parque público de viviendas para ponerlo a disposición del alquiler social y del alquiler asequible.
Asimismo, aseguran que promoverán una ley estatal que garantice el derecho a una vivienda digna; que contemple la regulación del precio del alquiler, la dación en pago de la primera vivienda, la destinación de un 30% de la nueva construcción a vivienda protegida, de la cual un 7% irá destinada a alquiler joven; y que pare los desahucios.
Desde Cs defienden el incremento de la oferta de vivienda y dinamización del alquiler para favorecer el acceso a una vivienda “digna y adecuada”. Para ello, plantean simplificar los trámites administrativos relacionados con la creación de suelo para la construcción de vivienda y con el proceso de edificación; promover la construcción de viviendas de protección pública destinadas exclusivamente al alquiler; elaboración de un Plan Autonómico de Renovación, Regeneración y Rehabilitación Urbana centrado en la recuperación de inmuebles, la mejora de la calidad de la edificación y la eficiencia energética.
Asimismo, abogan por un incremento del parque de viviendas sociales para ofrecer una alternativa a quienes no pueden permitirse una vivienda en alquiler y establecer un Registro de Arrendamientos Urbanos que permita recopilar información sobre todos los contratos de arrendamiento celebrados en la Comunitat.
Desde Podem inciden en la elaboración de un Plan Estratégico de Vivienda para 10 años que contemple el aumento de vivienda pública, el acceso a la vivienda de personas en riesgo de exclusión social, la emancipación juvenil y la cobertura a mujeres maltratadas. Además, defienden destinar un 30% de las viviendas de nueva construcción al parque público de vivienda para garantizar el continuo crecimiento de las viviendas sociales y accesibles. De este modo, la construcción de nuevos edificios e inmuebles por parte de promotores privados deberá incluir un número de viviendas para el parque público.
Por otro lado, proponen poner en marcha la Ley de Función Social de la Vivienda, un plan de rehabilitación de inmuebles y acabar con “la burbuja del alquiler” mediante la fijación de precios máximos por municipios y zonas y el establecimiento de límites asumibles en relación a la renta per cápita de dichas zonas. Estos precios también se evaluarán según las características del arrendador (particulares o grandes tenedores).
Además, plantean implementar medidas para el fomento del alquiler de viviendas propiedad de particulares y pequeños tenedores con bonificaciones fiscales para quienes las alquilen a precios asequibles o ayudas directas. Y es que la formación morada asegura que impondrá sanciones a empresas, fondos de inversión, bancos que dispongan de vivienda vacía que esté sin uso para que sea puesta de inmediato en el mercado del alquiler o para que sean transferidas en patrimonio o gestión a la Generalitat.
De igual modo, plantean la creación de un Servicio Público del Derecho a la Vivienda, encargado de coordinar las actuaciones entre la Administración autonómica y los servicios sociales para la realización de informes sociales y comparecencia en los procedimientos judiciales para evitar desalojos forzosos sin alternativa habitacional, instando a la autoridad judicial a la paralización de los desahucios.
El programa del PP, dividido por edades de la población, defiende para los jóvenes una línea de ayudas para la adquisición y alquiler de vivienda y un Plan de Arrendamiento Social, que incluya acuerdos con entidades financieras para conseguir, bajo el modelo de cesión, un número mayor de viviendas para poder alquilar, entre otras cuestiones.
Para mayores de 35 años, aboga por una modificación de la actual Ley por la Función Social de la Vivienda que entienden “no da respuesta a las necesidades”, subvenciones de hasta el 40% del importe del alquiler a más de 12.000 familias con menores niveles de renta para facilitar el acceso y la permanencia de una vivienda en régimen alquiler.
También defienden la adecuación del parque público de viviendas sociales de la Generalitat, para proporcionar una vivienda digna a familias en riesgo de exclusión social y una revisión de los baremos de adjudicación de viviendas de titularidad pública, "dando prioridad a las familias que han sufrido desahucio, con menores recursos, numerosas, con personas mayores o discapacitadas a su cargo y a las mujeres víctimas de violencia de género".
Precisamente en materia de violencia de género, la mayoría de formaciones incluye en sus programas ayudas en materia de vivienda para las víctimas y sus hijos. Así, desde el PP abogan por que las personas que asumen la patria potestad, tutela o acogimiento familiar permanente de un huérfano por violencia de género tendrán preferencia de acceso a vivienda protegida, mientras que desde Cs se garantizará a todas las mujeres víctimas en situación de riesgo un alojamiento alternativo al domicilio habitual.
Podem, por su parte, reservará el 10% de las viviendas públicas para mujeres e hijos víctimas de la violencia machista; el PSPV les dará acceso preferente en la adjudicación de viviendas de promoción pública y en las ayudas en materia de arrendamiento de viviendas.
