Planta de la Emtre en Quart de Poblet. Foto: EMTREVALÈNCIA. La letrada de la Entidad Metropolitana de Tratamiento de Residuos (Emtre), personada como acusación en la causa que investiga la trama de las basuras, ha solicitado al juzgado, como medida cautelar, la "suspensión provisional de funciones del funcionario investigado, José Luis V., así como la prohibición de acudir a la sede de la Emtre, y cualesquiera de sus instalaciones".
La letrada solicita esta medida cautelar porque el funcionario tiene un expediente abierto con suspensión de empleo en la vía administrativa, por el cual solo cobra el salario base. Pero dicho expediente tiene una caducidad de seis meses, además de estar recurrido por el implicado, y si el juzgado no avala la petición, el próximo mes de julio el investigado podrá volver a su puesto de trabajo.
En esta causa, la Fiscalía Provincial de Valencia investiga una trama de corrupción en la Emtre vinculada a dos empresas, Servicios Medioambientales valencia (SMV) y la UTE Los Hornillos, esta última empresa proveedora de Emtre. Al igual que ocurriera con el caso Emarsa, los desperdicios, en este caso los dependientes de los ecoparques, vuelven a ser una vía para que, presuntamente, unos pocos se hagan ricos a costa de los impuestos de los ciudadanos del área metropolitana de Valencia. Entre los investigados, se encuentra un funcionario público que presuntamente se lucró del negocio ilícito.
Por el momento, el funcionario está siendo investigado como presunto autor de un delito continuado de prevaricación administrativa, un delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función y un delito continuado de malversación de caudales públicos.
En el escrito de la Emtre, al que ha tenido acceso Valencia Plaza, la abogada explica que la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) prevé que el juez instructor podrá adoptar las medidas cautelares que estime necesarias en orden a la protección de los perjudicados u ofendidos por el delito; y "en el caso que nos ocupa el perjudicado es el ente público denunciante, lo que en definitiva puede traducirse en los intereses públicos", añade la empresa.
En cuanto a las razones esgrimidas por la Emtre para solicitar la medida cautelar, destacan que a su juicio "existen en la causa indicios bastantes para justificar este presupuesto", a los que habría que sumar "dos riesgos" añadidos. El primero de esos riesgos, según el escrito, es el que se refiere a la "protección de las pruebas relevantes para el enjuiciamiento frente a influencias ilegítimas por parte del imputado". Explica la abogada que, aunque la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional registró tanto la sede de la Emtre, como la instalación 1 (los Hornillos), ello "no es óbice para considerar ‘a salvo’ toda la documentación de interés para la investigación".
Argumenta que es así porque todavía no se han recibido los resultados e informes policiales consecuencia de dicha investigación, "de donde no cabe excluir la posibilidad de que, a partir y como consecuencia de dicho análisis, fuera necesaria la obtención de otros medios de prueba que sí pudieran ser objeto de manipulación o desaparición previa por parte del funcionario investigado, por cuanto resulta ser el único que ostenta el conocimiento de dichas pruebas y la consiguiente capacidad para manipularlas o hacerlas desaparecer".
Como segundo riesgo, explican que está la posible "comisión de otros delitos dolosos por el investigado, lo que se denomina riesgo de reiteración delictiva". Aseguran desde la Emtre que "existen razones fundadas para sospechar o suponer que, de reintegrarse a su puesto como funcionario, pudiera continuar haciendo uso de su posición de privilegio para efectuar negocios en beneficio propio a través de las contrataciones todavía existentes de la sociedad SMV, de la que resulta ser socio a través del testaferro, también investigado, Carlos Fernández B., tal como lo ha venido haciendo hasta el descubrimiento del delito".
Por último, expone el escrito que "reponer al funcionario de nuevo en su puesto, devendría en perjuicio de la función pública", y no solo por una cuestión de la imagen de transparencia y honestidad del ente público, "sino también por el perjuicio que al funcionamiento del mismo pudiera ciertamente ocasionar el funcionario suspenso, como así ha ocurrido ya".
Y es en ese momento cuando la letrada explica que sobre el comportamiento del funcionario en cuestión, "no cabe hablar solo de sospecha, habida cuenta que el hoy investigado ha venido ocasionando -con posterioridad a la interposición de la denuncia contra el mismo a la Fiscalía- obstaculizaciones a los servicios contratados por la Emtre, arbitrariamente, lo que sin duda deviene en una conducta impeditiva del normal funcionamiento de la Administración".
En este caso, al parecer y según la Emtre, "la conducta desplegada por José Luis V. como director facultativo del contrato suscrito por la Emtre con la mercantil Soluce Arrendamientos", adjudicataria del contrato de asistencia técnica a la explotación de todas las instalaciones cuya titularidad ostenta la Emtre, "resulta claramente obstructiva e impeditiva del cumplimento de las funciones de asistencia de la empresa contratista citada, con el consiguiente perjuicio para la Administración". Hasta tal punto que la adjudicataria llegó a enviar una carta de queja por el comportamiento del funcionario.
Ahora, debe ser la Fiscalía la que informe sobre la petición de la Emtre y, una vez recibido ese informe, el juez instructor tomará la decisión. Una decisión, que, de ser negativa, llevaría al funcionario investigado a volver a su puesto de trabajo en menos de un mes.
