La Marina real

Los abogados y abogadas del Estado son ese tipo de funcionarios con fama de tocapelotas que plantean un problema para cada solución; que aparecen cuando menos te lo esperas con la segadora para abortar las ocurrencias de los políticos; que cuando se anuncia algo a bombo y platillo con renders coloreados de verde y un futuro luminoso, se ponen líricos e invocan el artículo 25 para advertir que eso no se puede hacer y además es imposible.

Estos aguafiestas son gente estudiosa que se sacó una de las oposiciones más difíciles de la Administración. No suelen dejar cabos sueltos. En el caso de la Marina de València, que nos ocupa estos días, Valencia Plaza desveló este sábado el contenido de un informe de la Abogacía del Estado que dice que el Ayuntamiento de València no puede explotar comercialmente ningún edificio de La Marina porque cuando se los cedió gratuitamente el Puerto de Valencia lo hizo para que les diera un destino "de utilidad pública o interés social". Esto significa, según la Abogacía, un destino que permita "el uso común y abierto de la ciudadanía", lo cual "excluye el otorgar derechos de uso y disfrute a entidades privadas a título particular".

En román paladino, que te los cedieron gratis para la gente, no para que los privatices y hagas negocio, porque para eso se los queda el Puerto, que tiene más experiencia. Como en Barcelona, donde el Port Vell, con su puerto deportivo y su Maremàgnum, no solo pertenece cien por cien al Puerto de Barcelona sino que el Ayuntamiento de Ada Colau apenas toca bola en la gestión, con un solo representante en el consejo.

En València no se hizo así, puede que porque el Puerto nunca ha querido saber nada de la ciudad o porque Rita Barberá exigió que le regalasen los terrenos desafectados de la actividad portuaria, o por ambas razones. El caso es que los terrenos los cedió gratis el Puerto pero con las limitaciones que impone la ley. Un regalo envenenado.

Cierto es que más de 300.000 metros cuadrados solo para pasear o patinar no tiene sentido y que La Marina de València (antes Marina Real Juan Carlos I) concebida como polo de innovación fue una buena idea. Desde que en 2014 Juan Roig salió al rescate de La Marina –después de que Pablo Landecho paseara por allí a todo inversor que aterrizaba en València, sin éxito porque a aquel desangelado cementerio de la Copa América y la F1 no quería ir nadie–, se han dado bastantes arrendamientos y derechos de superficie a empresas privadas.

La Abogacía no se opuso a ese uso comercial. Lo que dice que es ese uso del espacio se le autorizó al Consorcio València 2007 –en terrenos y edificios que le cedió temporalmente el Ayuntamiento, que los había recibido años antes del Puerto– porque tenía una "utilidad pública": recaudar para pagar la deuda de 300 millones al ICO. Pero liquidada la deuda, el Ayuntamiento no puede hacer negocio con los inmuebles porque así lo dice la ley. Y en caso de que lo haga, la propiedad revertirá al Puerto.

Los tiquismiquis no solo hicieron constar eso en el propio convenio de cesión al Consorcio, sino que se aseguraron de se inscribía en el Registro de la Propiedad, para que nadie alegara luego que no sabía nada.

Además, incluyeron en el convenio otra cosa que habría evitado problemas si alguien en el Ayuntamiento se leyera los papeles. Según esa cláusula, cuando se pague la deuda al ICO "probablemente resultará necesario disponer de un nuevo planeamiento que redefina total o parcialmente los usos que hayan servido hasta ese momento a los fines económicos del CV07 (el Consorcio). En consecuencia, el Ayuntamiento preverá con la suficiente antelación dicha circunstancia". Con la suficiente antelación.

La deuda al ICO la pagó el Estado hace ahora dos años y no por sorpresa: ya estaba previsto en el Presupuesto de 2019 que no llegó a aprobarse. En lugar de preverlo con suficiente antelación, el Gobierno que preside Joan Ribó se ha topado con la liquidación del Consorcio y se ha dedicado a improvisar. A falta de un plan, el dedo del alcalde decide el destino de importantes espacios de La Marina, incluido el importe de los cánones sin ningún rigor.

Primero, le cedió a dedo la base del Alinghi al organismo público Labora con un canon ridículo, aunque un recurso del PP evitó que se consumara la ilegalidad; después, anunció que el Tinglado 4 sería para Marina de Empresas –Juan Roig– y que aceleraría los trámites, pero siete meses después Roig se plantea desistir del proyecto, ya que ni siquiera ha podido salir a exposición pública por un error burocrático; y por último, lo de los Docks, que en pleno agosto quiso casi regalar a una empresa para montar un data center, por 75 años con un canon de 175.000 euros/año, cuando ahora que lo ha tenido que sacar a concurso otra empresa ofrece ocho veces más. Un edificio, el de los Docks, que va a adjudicar sin que se sepa qué grado de protección arquitectónica tendrá porque está pendiente de posible catalogación como Bien de Relevancia Local por parte de la Conselleria de Cultura, que se toma estas cosas con calma. El expediente del Alto Horno número 2 de Sagunto lo inició en 2020 y tardó tanto que le caducó.

Como polo de innovación, hay una Marina ideal con la que sueñan los empresarios emprendedores y una Marina real, la de la burocracia y la inseguridad jurídica. El hartazgo de los responsables de Marina de Empresas ha estallado esta semana, pero no son los primeros. Diría que son los últimos.

Le precedieron los emprendedores agrupados en el proyecto Valencia Innovation District, a los que se privó de la antigua Estación Marítima para dársela a unos belgas de dudosa solvencia que acabaron suspendiendo pagos. Una bofetada de Compromís a Sandra Gómez en la cara de los emprendedores, porque la vicealcaldesa había apoyado el proyecto valenciano. El concurso se convocó en 2018 y estamos en 2023, cinco años perdidos que está a punto de resolver, en favor de los emprendedores, no el Ayuntamiento ni el Consorcio, sino la Autoridad Portuaria de Valencia, que ha recuperado la propiedad.

Antes fueron los de Innsomnia los que se desesperaron, y los de BioHub VLC, que tuvieron la suerte de que su edificio también ha sido rescatado por el Puerto, después de años de retrasos.

Daría para otro artículo la guerra librada entre Compromís y PSPV por el caramelo de La Marina que ha afectado a su desarrollo. La han ganado de calle los de Ribó. Baste decir que los socialistas no conocían el informe de la Abogacía del Estado desvelado por este periódico, que el alcalde recibió hace cuatro meses.

Dos años hace que el Estado pagó la deuda del Consorcio y aquí no hay quien invierta. Madrid, Málaga, Barcelona y hasta Alicante están al quite y ya se han llevado algún toro.