Hoy es 25 de agosto
VALÈNCIA (EP). La diputada del PPCV en Les Corts Valencianes Elena Bastidas ha defendido las "medidas históricas" con las que el Consell presidido por Carlos Mazón ha marcado "un antes y un después" en la calidad de los servicios sociales de la Comunitat Valenciana y ha citado como ejemplo de ello las "mejoras" en ámbitos como la prestación en plazas residenciales, ayuda a domicilio, centros de día, teleasistencia, atención a personas con discapacidad y alojamiento para personas sin hogar.
En un comunicado, Bastidas ha expuesto que debido al "retroceso en la cobertura de prestaciones durante los dos últimos años de gobierno del Botànic", los servicios sociales "empeoraron su valoración en el índice DEC (Derechos, Economía, Cobertura), pasando de un 4,82 en 2022 a un 4,73 en 2023". Para revertir esta situación, ha defendido, el Consell ha destinado "un presupuesto récord" que, a su juicio, "muestra claramente nuestra apuesta por la atención de los servicios sociales".
Precisamente, ha señalado que "uno de los pilares" de la política social del Consell es la atención primaria de los servicios sociales. En este ámbito, ha subrayado que, en 2024, se ha destinado "el mayor presupuesto de la historia con casi 242 millones de euros, lo que supone un 76,84% más respecto al presupuesto de 2021, primer ejercicio del contrato programa vigente".
Para la diputada 'popular', "gracias a la gestión del Consell, en 2023 se incorporaron 11 entidades locales cuya acción ha permitido cubrir el 82 por ciento del territorio y el 85,21% de la población de la Comunitat Valenciana". "A ellas se sumarán las siete entidades que faltan antes de finalizar 2024", ha apuntado.
Además, la también portavoz de Política Social del Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha indicado que se han "contratado a 3.368 profesionales para la atención primaria básica, a los que se sumarán 643 más para la atención primaria específica de competencia municipal". "Creemos firmemente que conseguir unos servicios sociales de calidad requiere la participación de todos los agentes implicados", ha recalcado.
Por ello, ha afirmado que "ya hemos ha comunicado a ayuntamientos y diputaciones y estamos trabajando con todas las comisiones técnicas y mixtas de seguimiento y control para planificar el próximo contrato programa (2025/2028)".
Bastidas también ha hecho hincapié en otras "importantes medidas" como la "inminente" reforma de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) para hacerla "verdaderamente inclusiva". Al respecto, ha concretado que las mejoras previstas "permitirán la compatibilidad de la RVI con el empleo y facilitará el cobro en el caso de beneficiarios que no dispongan de cuentas bancarias, corrigiendo, al fin, una exclusión previa que privaba a muchas personas de este derecho".
Con todas estas medidas, Bastidas se ha mostrado "convencida" de que la Comunitat Valenciana logrará un sistema de servicios sociales "más justo, inclusivo y eficiente que "verdaderamente atienda las necesidades de nuestra población".
En cambio, el PSPV-PSOE ha denunciado que el Consell "ha dejado sin tramitar casi 20.000 solicitudes" de dependencia, lo que significa que "más de la mitad" de las peticiones presentadas está "todavía por resolver" y ha preguntado al PPCV "qué pensará ahora" porque anteriormente "les parecía un escándalo las 11.000 personas en lista de espera" durante los gobiernos del Botànic.
La secretaria de Dependencia del PSPV, María Victoria Garrido, ha alertado, en un comunicado, de que el 56 por ciento de los 32.499 procedimientos abiertos en la Comunitat Valenciana "está todavía sin resolver, es decir, que según los datos de la propia Conselleria de Servicios Sociales, hasta 19.317 solicitantes siguen a la espera".
Garrido ha lamentado que con las políticas del 'president' Mazón en materia de dependencia "vemos a un Consell que no tiene en cuenta a las personas más vulnerables y que recorta derechos mientras disminuye los impuestos a los que más tienen".
"El PP vuelve a las andadas. A los cambios ya denunciados por el PSPV-PSOE en el criterio de reconocimiento de los PIAS y los recortes aplicados con este cambio, hay que sumar los expedientes que se quedan en el cajón", ha censurado.
Asimismo, ha resaltado que la provincia de Alicante está "a la cola" en materia de resoluciones, pues "de las 10.533 solicitudes presentadas, el 62% siguen sin tramitarse". "Le siguen la provincia de Valencia, con 18.029 expedientes y el 60,65% sin resolver, y la de Castellón, con 3.937 casos, de los cuales el 45% permanece sin tramitar", ha concretado.