Ángel Luna, síndic de Greuges. Foto: EFE/KAI FÖRSTERLINGVALÈNCIA. El Síndic de Greuges insta a la Conselleria de Educación a convocar más de una prueba anual de los distintos niveles de certificación del valenciano de la Junta Qualificadora (JQCV), a raíz de las quejas que algunos aspirantes han elevado al organismo que dirige Ángel Luna, ya que pandemia llevó a la Administración a reducir el número de plazas ofertadas en 2020 e impidió la realización de los exámenes del Superior (C2).
Cabe recordar que este año en la convocatoria ordinaria de junio del Mitjà (C1), más de 12.000 candidatos quedaron excluidos, ya que hubo más de 26.000 inscripciones frente a las 14.000 plazas ofertadas. Pese a que Educación incrementó la oferta de puestos en un 27% con respecto al curso anterior, resultó ser insuficiente, motivo por el que habrá un encuentro extraordinario en septiembre para quienes no pudieron optar a presentarse.
Aun así, desde la institución de Luna insisten en que la Conselleria “valore el incrementar el número de convocatorias anuales de las pruebas para la obtención de certificados oficiales administrativos; a los efectos de ajustar la oferta a la demanda”, dado que la segunda oportunidad de septiembre será una medida excepcional en una solo nivel, mientras que el resto cuentan con una sola cita el calendario oficial.
La queja, publicada en julio, se encuentra en estos momentos en proceso de tramitación a la espera de que Educación acepte o rechace la sugerencia de la institución. En concreto, el autor expresa su disconformidad sobre el contenido de la resolución del 25 de marzo de 2021 de la Dirección General de Política Lingüística por la que se convocan estos exámenes.
Por un lado, asegura que el proceso de selección por sorteo implementado por primera vez este año “reduce las opciones de la realización de las citadas pruebas” y critica el cambio de dos convocatorias anuales a una para la realización del Superior, “siendo esta decisión anterior a la pandemia”. Algo que, según recalca, “no ha tenido efecto en el pago de las tasas del examen, cuyo coste se mantiene inalterable pese a la reducción de las convocatorias”.
Además, sitúa las pruebas de certificación del idioma en situación de “desigualdad” frente a las oposiciones de empleo de la Generalitat Valenciana, como las de Secundaria que finalizaron en julio, a las que califica como “exámenes de carácter masivo” en los que, según indica, no hay restricción en el número de plazas por la crisis sanitaria pese a que están presentes las medidas de seguridad en los espacios que las acogen.
Asimismo, el emisor solicita que aquellos aspirantes que hayan renunciado a alguna parte del examen por “fuerza mayor”, puedan conocer la calificación de las partes realizadas, lo que la Conselleria deniega en el informe: “Las personas que abandonan la prueba no tienen derecho de conocer las puntuaciones porque han renunciado de forma voluntaria; si quieren conocer su nota, simplemente deben entregarla”.
Respecto a la petición sobre el incremento de las pruebas anuales, desde el gabinete de Marzà determinan que la acreditación de competencias no depende únicamente de la Conselleria, sino que recuerda que las escuelas oficiales de idiomas y las universidades ofrecen dos oportunidades al año para la obtención de estos títulos.
Por otra parte, indican que la entrada por sorteo es el resultado de “la recomendación de los servicios jurídicos de la Generalitat para que todos los aspirantes tengan las mismas oportunidades de acceso”, ya que hasta ahora las plazas se adjudicaban por orden de inscripción. Ante la queja sobre la falta de oferta, advierten que se trata de medidas necesarias para “garantizar la seguridad de las personas implicadas en los sábados de realización de la prueba”.
En la tramitación del proceso, desde el Síndic recuerdan a la Conselleria sus “deberes legales” sobre la exposición de sus argumentos en la misma lengua cooficial en la que el solicitante expresa su queja, dado que en este caso el autor lo comunica en castellano y desde Educación emplean el valenciano.
