VALÈNCIA (EP). La Asociación Vecinal de Benimaclet remarca que "no está, ni ha estado nunca de acuerdo", con la edificabilidad prevista en el Programa de Actuación Integrada (PAI).
Así lo expresa el colectivo en un comunicado difundido después de que la Generalitat Valenciana haya emitido el informe de Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica con el que da luz verde al PAI de Benimaclet que la empresa promotora Metrovacesa presentó en el Ayuntamiento de Valencia en enero de este año.
Para la asociación vecinal, "la edificabilidad prevista en el PAI de Benimaclet no tiene ninguna justificación" y lamenta que "los respectivos gobiernos municipales no hayan tenido sensibilidad y valentía, y por tanto hayan perdido la ocasión de elaborar y aprobar un proyecto urbanístico en consonancia a lo que necesita una ciudad con la responsabilidad de capitalidad verde".
La Asociación Vecinal de Benimaclet reivindica que no se ha limitado a la crítica y la protesta, si no que "fiel a su forma de actuar en sus 50 años de vida, ha hecho sus deberes elaborando proyectos alternativos al PAI oficial".
Recuerda en este punto el Concurso de Ideas (2015), el proyecto participativo Benimaclet es Futur (2017), y el documento "Benimaclet, porta a l'Horta" (2020), todos ellos contando con la colaboración y participación de numerosos colectivos y vecindario a título individual.
También, en los últimos meses, ha convocado una mesa de trabajo con diversos colectivos del barrio, para debatir y consensuar alternativas sobre temas concretos del PAI: movilidad, parque, equipamientos, edificabilidad... acuerdos que, "una vez consensuados", han enviado a la Concejalía de Urbanismo para que sean tenidos en cuenta en la reunión a la que hemos sido convocados, junto con el resto de entidades, por el Concejal de Urbanismo el próximo 29 de julio.
"A esa reunión asistiremos para oír las propuestas de la Concejalía, pero también para que sean oídas las elaboradas por las entidades del barrio", adelantan.
La entidad añade que "la edificabilidad del PAI se aprobó en 1994 en función de unas previsiones demográficas (más de un millón de habitantes) que ni se han cumplido en las tres décadas pasadas, ni parece que vayan a cumplirse en las tres siguientes".
Y advierten: "Nuestra ciudad y nuestro barrio necesita vivienda, pero una vivienda pública y asequible que permita el acceso a los jóvenes. Porque la vivienda debería ser un derecho y no una mercancía".
