El CNI admite espionaje a independentistas con orden judicial y apunta a otro país o a las 'cloacas' para otros espiados

VALÈNCIA (EP). El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha admitido este jueves que se espió a un número determinado de los independentistas que aparecieron en la lista publicada por The New Yorker, pero para el resto de personas que han sido víctimas de escuchas, entre ellas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apuntado dos posibles 'culpables': un país extranjero, o miembros de las denominadas 'cloacas' del Estado.

Así lo ha desvelado el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, tras escuchar las explicaciones que ha ofrecido la directora del CNI, Paz Esteban, ante los portavoces parlamentarios que integran la Comisión de Gastos Reservados.

"Salimos como hemos entrado, no ha habido secretos ni oficiales ni extraoficiales", ha dicho Rufián, incidiendo en que no incumplía la ley al desvelar parte de esa comparecencia porque el grueso de la misma ha versado sobre cosas ya "filtradas" a los medios de comunicación.

Según ha detallado, Esteban ha acudido a la comisión con documentación que contenía las autorizaciones judiciales para las escuchas que ha llevado a cabo el CNI, ha señalado que no podía hablar específicamente del programa 'Pegasus' y no ha ofrecido ninguna solución a esta situación.

El PP ve "más necesaria que nunca" la comparecencia de Sánchez

Por su parte, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha defendido que la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso es "más necesaria que nunca" para dar todas las explicaciones sobre el espionaje a su teléfono móvil y si se ha infectado con Pegasus a otros miembros del Ejecutivo.

Y es que, según ha subrayado, la directora del CNI no ha aportado ninguna información sobre este asunto en la Comisión de Gastos Reservados, que se ha centrado en recalcar la intervención amparada en la legalidad y con autorización judicial sobre las informaciones publicadas.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, la dirigente popular ha destacado que el Ejecutivo dispone de la información de las interferencias de móviles entre sus miembros, porque la ha hecho pública, y le corresponde ahora aclarar cómo se produjo, qué ha podido fallar, qué protocolos de seguridad existen para evitar este espionaje tecnológico y si se han seguido por el Gobierno.