Foto: DAVID ZORRAKINO/EPLa excepción Ibérica, que el Gobierno pedirá prorrogar hasta fin de 2024, ha propiciado ya un ahorro de 4.500 millones de euros
VALÈNCIA (EP). El Gobierno remitirá este martes a Bruselas su propuesta para la reforma del mercado energético en Europa, un debate que se tratará en el seno de la Comisión Europa a partir de esta primavera, en el que sugiere la compra de energía a largo plazo para reducir la volatilidad y el precio de la electricidad.
Así lo ha avanzado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, tras la celebración del Consejo de Ministros que ha aprobado remitir esta propuesta a Bruselas.
Mientras se diseña un nuevo sistema --España ha sido el primer país en trasladar una propuesta a Europa--, el Gobierno también ha pedido a Bruselas una prórroga del mecanismo ibérico del tope al gas para poder seguir abaratando los precios finales al consumidor ante los elevados precios del gas natural, al menos hasta finales de 2024, que ha permitido un ahorro de 4.500 millones de euros hasta ahora (150 euros por familia de media).
"Necesitamos una mayor seguridad y certidumbre con respecto al acceso y a la seguridad de suministro y queremos que las nuevas oportunidades de tener energía a precio razonable beneficien a los consumidores y no solo a los productores, y también necesitamos reducir la extrema volatilidad vivida en los últimos meses", ha asegurado la ministra.
El sistema que propone España se basa en un mercado de corto plazo (diario e intradiario) líquido y transparente, como el que se da actualmente, combinado con un mercado a plazo de energía y servicios de capacidad y flexibilidad adaptados a las necesidades particulares de cada mercado nacional o regional.
Para implementar la reforma, sería necesario modernizar la directiva del mercado interior, de tal forma que se facilite la introducción de mercados de capacidad que garanticen la seguridad de suministro y el fácil desarrollo de los contratos por diferencia (CfD) para las plantas existentes.
La ministra ha explicado que esta reforma es necesaria, ya no solo por la coyuntura actual desatada por la guerra en Ucrania, sino porque considera que el sistema no está preparado para el futuro. Cuando se diseñó hace 20 años, las renovables solo representaban el 10% del mix total, pero ahora alcanzan el 50% y se prevé que lleguen al 75% para el año 2030.
Por eso, ahora, el hecho de que la tecnología más cara fije el precio medio de la luz cobra menos sentido con esas proporciones de tecnologías. Así, el Gobierno pretende que el precio más bajo de las tecnologías renovables quede más integrado en el precio final de mercado.
El funcionamiento del modelo propuesto por España sería cerrar contratos a largo plazo con energía renovable, nuclear e hidráulica --por medio de subastas y con fijación de precios regulados-- y, en segundo lugar, cerrar contratos de capacidad a plazo para las tecnologías marginalistas de ciclo combinado.
De esta forma, el regulador contrata con las centrales inframarginales energía a largo plazo, mediante CfD, a precio fijo y orientado a costes, e introduce mercados de capacidad para las marginales, dando flexibilidad a cada país para que elija un instrumento, entre los que se valoran las reservas estratégicas, subastas de capacidad, opciones de confiabilidad u obligaciones
descentralizadas.
Asimismo, se proponen incentivos económicos a la nuclear e hidráulica para que generen electricidad en las horas más caras, de manera que las plantas con capacidad firme, almacenamiento y gestión de la demanda tengan incentivos económicos para garantizar su disponibilidad.
Según el Gobierno, el nuevo sistema propuesto por España logrará atraer inversión de renovables, el precio del CfD reflejará el coste medio y no se generarán los llamados 'beneficios caídos del cielo', al mismo tiempo que el precio de la electricidad para el consumidor será más estable, al estar contratada a un plazo definido.
