VALÈNCIA. Poco a poco se revela una disparidad de discursos en el tratamiento del turismo entre la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de València. Dos administraciones gobernadas por el PP pero que, en esta materia, sostienen diferentes matices sobre aspectos como los megacruceros o incluso la propia tasa turística. Algo que se pudo comprobar este mismo jueves con la intervención de la consellera de Turismo, Nuria Montes.
La titular del departamento de Turismo en el Consell cuestionó, en el Fórum Europa Tribuna, que los megacruceros sean un problema para una ciudad como València. Según Montes, cerca del 50% de los pasajeros de estos grandes buques -de 5.000 ó 6.000 plazas- son los que bajan del barco, por lo que 2.500 o 3.000 cruceristas "no pueden crear nunca un problema" en una ciudad de 800.000 habitantes, apuntó.
La consellera, además, señaló el turismo de cruceros como un revulsivo también para el turismo interior, y se preguntó cómo decirle a municipios como Requena que no van a poder tener excursiones de cruceristas "porque vamos a prohibir la entrada". Un discurso que, ciertamente, contrasta con el que sostiene el Ayuntamiento de València y en particular su alcaldesa, la popular María José Catalá.
De hecho, la propia alcaldesa anunció el pasado mes de mayo el veto a megacruceros a partir de 2026 en la ciudad de València, e incluyó este entre los anuncios más importantes de su gobierno en el Debate del Estado de la Ciudad. La medida se está negociando con el Puerto y se creará un grupo de trabajo con el sector para priorizar los buques que empleen el Puerto como base y para apostar por cruceros "menos numerosos en pasaje pero con mayor impacto económico en la ciudad".
A diferencia de la consellera, la alcaldesa busca, según explicó en su anuncio, "captar cruceros de menores dimensiones alejados de las grandes 'ciudades flotantes'" para perseguir "un turismo sostenible y de calidad". Una medida que contó con el rechazo frontal del empresario naviero y presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, pero que el portavoz del gobierno local, el popular Juan Carlos Caballero, también defendió porque este tipo de turismo no es "sostenible" ni "respetuoso".
La visión entre el gobierno autonómico y el municipal también difieren, aunque sea levemente, en el tratamiento de la tasa turística. Aunque el Consell de Carlos Mazón derogó la tasa autonómica -aplicable por municipios- aprobada durante el mandato anterior, la pasada semana se reabría la polémica al considerar el director de Visit Valencia -fundación del Ayuntamiento-, Tono Franco, que es "un tema de debate" que debe "estar encima de la mesa" y que no es "un tema tabú" sino que hay que "debatirlo y llegar a un acuerdo", teniendo en cuenta siempre que el sector está en un "entorno volátil".
En realidad, este es el discurso que ha seguido la propia alcaldesa de València, quien en un desayuno electoral de Valencia Plaza, justo antes de los comicios en los que resultó ganadora, señaló que la tasa turística no era "una mala medida" per se sino que "no es el momento" de aplicarla por la situación del sector: ¿Eso quiere decir cerrar este debate sistemáticamente para el futuro? No. Ahora bien, si el debate se reabre, que sea en un contexto económico distinto, con un sector recuperado y con mucho diálogo con ellos. No creo que sea una mala medida. Creo que hay medidas que son malas en determinados contextos y que pueden ser posibles en otros", expuso.
El matiz es relevante, tal como se pudo comprobar este miércoles, cuando la propia consellera de Turismo, ex secretaria general de la patronal hotelera Hosbec, mostró un rechazo tajante, sin peros ni excepciones: "No hay ningún debate abierto. Por si hay alguna duda, el debate que abrió el Botànic se solucionó con las elecciones de 2023 donde los partidos con un absoluto rechazo a esta figura ganaron las elecciones. La sociedad valenciana ya ha decidido que no hay impuesto", afirmó: "Mientras yo sea consellera y Ruth Merino sea consellera de Hacienda, no habrá impuesto a la industria de la felicidad".
El caso es que el pasado viernes, precisamente, tanto Catalá como el portavoz del gobierno municipal apuntaron a la derogación de la tasa autonómica como motivo para que no exista un debate al respecto. La primera edil defendió que "no es el momento" de implantar la tasa turística, sostuvo que el pasado mandato se intentó aplicar "sin consenso con el sector" y recordó: "En cualquier caso, no hay un marco regulatorio autonómico y evidentemente es absurdo hablar de esta cuestión, en tanto en cuanto no existe".